El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos. Esta nueva norma aclara y unifica toda la regulación autonómica sobre impuestos, lo que aumenta la seguridad jurídica de los contribuyentes y supone un impulso a la simplificación legislativa. Esto último se refleja en indicadores como la reducción del 26% en el número de artículos y disposiciones, y del 24% en la cifra de palabras.

El nuevo decreto legislativo es el tercero de estas características que elabora la Comunidad. Los anteriores se aprobaron en 2006 y 2008, como respuesta a la complejidad y continua actualización de las disposiciones fiscales, y con el mismo fin de dotar de mayor claridad a la normativa autonómica.

La Consejería de Hacienda administra directamente tres tributos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas: el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y la fiscalidad sobre el Juego. Además, tiene competencias normativas sobre tres impuestos de la Agencia Tributaria estatal, en concreto, el de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el del Patrimonio y el de Hidrocarburos. Por último, gestiona dos tributos propios, los que gravan tanto la eliminación de residuos en vertederos como la afección medioambiental de determinadas instalaciones de producción y transporte de electricidad.

Todos ellos tienen gran incidencia en la vida diaria de los ciudadanos, que gracias al acuerdo adoptado hoy dispondrán de un documento único en el que consultar todo lo relativo a la legislación fiscal autonómica. En este sentido, la norma recoge los 49 beneficios fiscales que la Junta de Castilla y León tiene en vigor, de los que 12 afectan al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 16 al de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, seis a los tributos sobre el juego, 14 al IRPF y uno al Impuesto sobre el Patrimonio.

Agiliza la aplicación e interpretación de la ley

Como es preceptivo, el texto refundido ha sido objeto de dictamen por parte del Consejo Consultivo, institución que ha destacado que sirve para reducir la dispersión normativa, lo que incrementa la efectividad del principio de seguridad jurídica de los ciudadanos. Asimismo, la norma permite una interpretación y aplicación de la ley más ágil, tanto por parte del Ejecutivo autonómico como de los contribuyentes y los profesionales que les asesoran en sus relaciones con la Administración Tributaria.

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