La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior incluyó en el Plan de Continuidad de la actividad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León con motivo del COVID-19 la gestión del derecho de acceso a la información pública entre los servicios y funciones imprescindibles.
Desde la declaración del estado de alarma y hasta el 14 de mayo, la Junta tramitó un total de 58 peticiones de acceso a la información, 14 de ellas específicas sobre asuntos relacionados por la crisis sanitaria. La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno ha remitido dos informes al Procurador del Común para dar respuesta a una actuación de oficio iniciada por esta institución propia de la Comunidad.
Entre las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico para dar respuesta a la crisis sanitaria de la COVID-19 ha destacado la elaboración de un Plan de Continuidad de la actividad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el que se recogieron aquellos servicios y funciones imprescindibles que debían continuar activos y necesarios para mantener la asistencia a los ciudadanos en niveles aceptables durante el periodo de emergencia.
La Consejería ha destacado dentro de dicho Plan la rendición de cuentas ante las personas, la sociedad civil, manteniéndose disponible para ellas su derecho de acceso a la información pública, cuestión que –debe recordarse- no se ha producido en todas las administraciones públicas. En definitiva, las solicitudes se han seguido formulando con total normalidad y sin interrupciones.
Entre el 14 de marzo y el 15 de mayo, la Junta de Castilla y León recibió 58 solicitudes de acceso a la información, que han sido resueltas del siguiente modo -con la actualización hecha a fecha 5 de junio-.
De ese total, 14 se relacionan con informaciones vinculadas a la COVID-19 –dos resueltas por la Consejería de Sanidad; más otras tres por parte de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior-. Las cuestiones que de manera concreta se solicitaron en esos 14 casos fueron tres solicitudes relacionadas con la adquisición de mascarillas o protectores faciales.
Otras siete solicitudes relacionadas con residencias de personas mayores, a través de las cuales se pregunta sobre diversos aspectos relacionados con el número de fallecidos, medidas de seguridad adoptadas, licencias, registros, sanciones impuestas, etc.; una solicitud relativa a los datos sobre las personas recuperadas en Castilla y León hasta la fecha por esta enfermedad; y dos solicitudes que requieren la documentación enviada por la Junta de Castilla y León al Ministerio de Sanidad con objeto de las fases de desescalada.
De las otras 44 solicitudes registradas referentes a diversas materias, 21 ya han sido resueltas –nueve en Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior; cuatro en Sanidad; tres en Economía y Hacienda; tres en Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; una en Presidencia; una en Fomento y Medio Ambiente-.
Informes remitidos al Procurador del Común
El Procurador del Común inició una actuación de oficio el 12 de mayo mediante la cual solicitó al Ejecutivo castellano y leonés, precisamente, el número de solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante la Administración autonómica desde la declaración del estado de alarma; el número de peticiones de información que se encontraban vinculadas a la situación generada por la COVID-19 o a las medidas adoptadas para hacer frente a esta; y la tramitación que se ha proporcionado a estas últimas y, en su caso, sentido de las resoluciones que hayan sido adoptadas.
La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno emitió con fecha 16 de mayo el correspondiente informe para dar respuesta a las cuestiones requeridas y el Procurador del Común dictó resolución, posteriormente, con fecha 29 de mayo. A raíz del contenido de tal resolución, el centro directivo de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior aceptó la resolución y procedió a comunicarla a todas las secretarías generales del Gobierno autonómico y al personal de sus respectivos servicios que se encargan de la tramitación de solicitudes de acceso a la información pública.
Pero Transparencia y Buen Gobierno ha tenido que remitir un segundo informe al Procurador del Común para hacerle constar a esta institución informaciones adicionales -actualizadas a fecha 5 de junio- y aclaraciones sobre aspectos presentes en su resolución, como que “en Castilla y León no se ha ejercido formalmente la facultad de acordar motivadamente la continuación de los procedimientos de acceso a la información pública, recogida en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en la redacción dada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo”.
No obstante, en el propio texto de la resolución del Procurador del Común se recoge, literalmente, que “esta Procuraduría es conocedora de que ni la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno ni los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información pública, han paralizado su actuación en materia de derecho de acceso a la información pública durante la vigencia del estado de alarma. De lo anterior es prueba la remisión de informes solicitados por la Comisión de Transparencia o el cumplimiento de sus resoluciones durante este período de tiempo”.
Esta cuestión sí quedó recogida y reflejada en el Plan de Continuidad de la actividad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León con motivo del COVID-19 de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, así como en la Instrucción 1/2020, de 27 de marzo, de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León sobre aplicación de las previsiones normativas sobre suspensión de plazos de los procedimientos del sector público de la Comunidad de Castilla y León, como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el COVID-19, y en las sucesivas que se han ido dictando con motivo de las repetidas prórrogas del estado de alarma.
En consecuencia, tal y como se ha trasladado al Procurador del Común, se ha seguido impulsando el procedimiento de acceso a la información pública a lo largo de todo este tiempo, sin que se haya incluido ningún aviso en el Portal de Gobierno Abierto ni en el formulario de acceso a la información pública advirtiendo de ninguna circunstancia en concreto, dado que la gestión del derecho de acceso a la información pública se mantenía en los mismos términos que los previos a la declaración del estado de alarma.
“Sí habría tenido más sentido, creemos, haberlo hecho en el caso contrario como así se ha efectuado en el Portal de Transparencia de la Administración del Estado”, reza una parte del segundo informe. Otra de las consideraciones del segundo informe enviado al Procurador del Común es que en fecha muy próxima al informe de actividad remitido a esa institución se presentó un número muy importante de solicitudes -43 de las 58 referidas-, por lo que resultaba materialmente imposible que pudieran estar resueltas. A modo de ejemplo, solamente entre los días 4 y 5 de mayo se asignaron 15 solicitudes de acceso.
