El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el decreto que unifica las Comisiones Territoriales de Urbanismo y las Comisiones de Prevención Ambiental provinciales y crea el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio a nivel autonómico. El acuerdo tiene como principal objetivo la eficacia y eficiencia, agilizar los trámites administrativos, mejorar la coordinación en la administración pública y simplificar la estructura de la administración.
 
El decreto regula las funciones, la composición y las normas de funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León. El Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio cuenta con una presidencia (secretaria general de Fomento y Medio Ambiente), tres vicepresidencias (titulares de centros directivos competentes en materia de prevención ambiental, urbanismo y planificación de la gobernanza, administración y servicios en el territorio), y entre 24 y 27 vocalías elegidas a propuesta de los órganos de la administración autonómica, de otras administraciones públicas, asociaciones, organizaciones y colegios profesionales. El secretario de cada uno de los órganos, con voz pero sin voto, será designado por la Secretaría General de la Consejería entre funcionarios de la administración de la Comunidad licenciados en derecho.
 
El objetivo principal de la unificación de órganos colegiados es mejorar en eficiencia y eficacia en la gestión, simplificar la estructura administrativa, mejorar la coordinación y agilizar los procedimientos administrativos. La estructura administrativa se reduce en un 50%, pasando de un total de 20 órganos colegiados (9 Comisiones Territoriales de Prevención Ambiental, 9 Comisiones Territoriales de Urbanismo, una Comisión de Prevención Ambiental de Castilla y León y un Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León) a un total de 10 órganos colegiados con la nueva normativa (9 Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y un Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León).
 
También se simplifica el procedimiento en la concesión, renovación y revocación de la Etiqueta Ecológica que, con la normativa anterior tenía que previamente realizarse propuesta por la Comisión de Etiquetado Ecológico. Ahora, con el nuevo Decreto, se suprime la propuesta previa a la Comisión de Etiquetado Ecológico resolviendo directamente la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad. La etiqueta se aplica a los productos (mercancías y servicios) originarios de Castilla y León o puestos por primera vez en el mercado del territorio de la comunidad y que solicitan los fabricantes, importadores, prestadores de servicios, comerciantes y detallistas.

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