Aún sin nombrarle, se ha referido a que uno de ellos es el jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas, además de director del Parque Regional de Gredos y de la Reserva Natural de Iruelas, Nicolás González, ya que ha dicho que quien sería responsable de imponerle una posible sanción es su esposa, la jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Rosa San Segundo.
El hecho ocurrió el 18 de diciembre de 2011 en un coto de caza mayor "a media hora de la capital", “con 60 puestos de caza con el pretexto de abatir ungulados y jabalí, pero la realidad es que en la batida no hubo reparo en disparar a varios lobos”, que es “especie protegida al sur del Duero” por una directiva del Consejo Europeo.
Investigar
Ha asegurado, aunque sin hacerlos públicos, que la denuncia “contiene datos irrefutables sobre la ilegalidad”, por lo que confía en que “se abran diligencias y se investigue la actuación tanto de los responsables de la organización de la cacería”.
También ha afirmado que “incluso existen fotografías de los lobos abatidos con los participantes en la cacería” realizadas en una venta.
Según Domínguez, la Fiscalía “tiene la obligación de aclarar, en un plazo máximo de seis meses, si ha abierto diligencias, si ha judicializado el asunto o si, por contra, lo ha archivado”.
Por otra parte, el representante de Lobo Marley ha asegurado que el Servicio Territorial de Medio Ambiente abrió un expediente de investigación interna, de la que espera conocer “en qué punto se encuentra” gracias a la actuación del fiscal.
Domínguez ha dicho que su asociación está a favor del lobo como animal que es “parte del ADN de Castilla y León, como el acueducto de Segovia y la muralla de Ávila”, y ha abogado porque en este asunto “conservacionistas y ganaderos vayan de la mano”.
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