Los matrimonios ante notario casi se triplicaron en 2021 en Castilla y León con la celebración de 433 bodas mientras que otras 358 parejas firmaron su separación o divorcio. Estas cifras suponen un aumento del 134 por ciento en el número de bodas celebradas ante notario con respecto a 2020, año en que el confinamiento y la mayor crudeza de la pandemia redujeron a 185 los matrimonios registrados en las notarías de la Comunidad. Con todo, el auge experimentado en 2021 representa un incremento del 37 por ciento respecto a las bodas celebradas en 2019 y apunta a un mayor crecimiento futuro.
Desde que en julio de 2015 entró en vigor la Ley de Jurisdicción Voluntaria que, entre otros muchos aspectos, amplió las competencias del notariado a la celebración de bodas y la tramitación de separaciones y divorcios, aquéllas han pasado de 12 a 433, y éstos, de 54 a 358, hasta totalizar 1.406 y 1.745, respectivamente, en estos siete años en Castilla y León.
El decano del Colegio Notarial de Castilla y León, Leopoldo Martínez de Salinas, destacó que la intervención notarial en los procedimientos matrimoniales es cada vez más conocida y reconocida, y expresa la confianza "creciente" del ciudadano en el notario. Aseguró que en las bodas ante notario se aporta un plus de seguridad jurídica, ya que en ese proceso se determina el régimen económico matrimonial.
Además, desde mayo de 2021 ya se puede tramitar por vía notarial el expediente matrimonial sin tener que acudir al Registro Civil, lo que redunda en una mayor agilidad del procedimiento. El objeto de este expediente es comprobar que los futuros contrayentes reúnen todos los requisitos legales para poder casarse, es decir, que tienen la capacidad suficiente, que no existe otro matrimonio y que no hay parentescos prohibidos entre ellos.
En el caso de las separaciones y divorcios, solo es posible efectuar el trámite notarial si los cónyuges están de acuerdo y no tienen hijos menores ni personas con capacidad modificada judicialmente a su cargo.
Antes de incorporar un divorcio a la escritura pública, el notario, al igual que hace el juez, comprueba que el convenio regulador de la suspensión de la vida en común acordado por las partes se atiene a derecho y es equitativo para los dos miembros de la pareja y no discrimina a ninguno de ellos.
