-¿De dónde viene el problema?
-De una circular del director general, en la que se indicaba que no se iban a financiar en absoluto las actividades de la Cámara Agraria. Como la Cámara depende en un 90% de la financiación de la Junta, ya que está tutelada por la Consejería de Agricultura y Ganadería, resulta la quiebra definitiva para la Cámara que solo se le pague el primer semestre de la financiación prevista para este año, previa justificación de los gastos de personal y demás.
-¿De cuánto es la merma de la financiación esperada para 2014?
-Se había fijado en los presupuestos de la Junta de Castilla y León, donde aparece un epígrafe de desarrollo rural para la Dirección General de Producción Agropecuaria, de 700.000 euros para las cámaras. Después, a mediados de año, nos comunican que no va a haber presupuesto a partir del 30 de junio. Imagínate qué previsiones y qué manera de hacer las cosas. Ya el año pasado, comparado con 2012, la Junta redujo un 70% la financiación de las cámaras pero, si lo comparamos con 2010, la reducción es del 85%. ¿Cómo se pueden sostener las cámaras agrarias con semejante reducción en cuatro años?
-¿Cómo han actuado las cámaras en este intervalo?
-Pues rediciendo, ajustando, despidiendo personal, quitando funciones… Las han ido matando, liquidando progresivamente. La Consejería de Agricultura y Ganadería no ha querido tomar una decisión valiente, con todas las consecuencias políticas, que para eso están los gobernantes.
-A su juicio, ¿qué debería haber hecho la Junta al respecto?
-Tomar la decisión de eliminar las cámaras agrarias y decirlo públicamente, sin rodeos. Si querían ajustar sus presupuestos y eliminarlas, deberían haberlo dicho pero, en vez de hacerlo y asumir las inevitables consecuencias políticas, lo que hacen es tirárnoslas encima. Nos las dejan caer encima a quienes no tenemos la responsabilidad, las comisiones delegadas de las cámaras, que no tenemos culpa de todo esto. Así se intenta lavar las manos la consejera. Pero no lo va a conseguir porque vamos a denunciar que son los culpables de la precarización de las cámaras agrarias y, ahora, de su liquidación.
-¿Qué ocurre con el pago del primer semestre de este año?
-No lo sabemos. Parece mentira que no hayan pagado ni siquiera un euro de ese 50% que dicen que van a pagar este año. Si es grave que no paguen más, se puede uno imaginar cómo vamos a hacer frente a los pagos si, a estas alturas, no han dado ni un solo euro.
-¿En qué situación queda la Cámara Agraria de Zamora?
-La Cámara de Zamora ha hecho una buena gestión y no tenemos ninguna deuda, ningún crédito solicitado, nada, en absoluto. Estamos saneados. Teníamos un remanente que nos permitió indemnizar unos despidos y mantener hasta donde pudimos los tres laborales y tres funcionarios que teníamos y pagar hasta el mes pasado todas las nóminas, aunque ahora ya no podemos porque no nos ha llegado un euro de este año, insisto.
-¿La situación es extrapolable a otras cámaras?
-No. En otras se deben varios meses. Como ya no pagan un euro, la propia Cámara de Zamora tuvo que despedir a los tres laborales, algo decidido por unanimidad de todas las organizaciones que formamos el pleno. Llevamos tres mandatos aprobando todo por unanimidad aunque nosotros tenemos más de dos tercios del pleno, por cierto. La Alianza UPA-COAG una gran mayoría, Asaja y una persona de UCCL.
-¿Quién se hace cargo de las indemnizaciones a los empleados?
-Ahí tenemos otro problema curioso. A partir del despido, los trabajadores tienen derecho a unas indemnizaciones y nosotros estamos exigiendo que la Consejería se haga cargo de las indemnizaciones porque los trabajadores no tienen ninguna culpa. La Consejería no puede mirar hacia otro lado porque la Cámara no tiene dinero para indemnizar. No es poco que hayamos conseguido pagar los sueldos y estar al día.
-¿A cuánto ascienden?
-Las indemnizaciones, dependiendo de si son procedentes o no, según el Juzgado de lo Social, que es quien lo establece, pueden oscilar entre 80.000 y 200.000 euros.
-¿Qué dicen los trabajadores?
-Ellos saben cuál es la situación. Uno de ellos lleva la contabilidad de la Cámara, por lo que la transparencia es total y desde que conocimos la circular ellos saben que la responsabilidad la tiene la Consejería.Vamos a pelear porque sería una indecencia que la Consejería no pagara las indemnizaciones a los trabajadores cuando nos limita al 50% la financiación y no va a financiar más. Se ha hecho una gestión catastrófica de las cámaras. Esta Consejería ha hecho cosas bien y las hemos valorado positivamente pero el proceso de disolución de las cámaras ha sido nefasto. No se puede hacer peor. Tiene que cerrar ordenadamente le proceso de las cámaras y, si se tiene que despedir a los trabajadores, si las cámaras no pueden continuar, por lo menos, que se haga cargo de todas las indemnizaciones y se pueda cerrar le proceso de forma ordenada y no tirándolas contra los trabajadores y los agricultores.
-¿Asumirá la Junta las funciones de las cámaras?
-Quién sabe. En Zamora hay 150 juntas agrarias locales, después de ir desapareciendo algunas, para la gestión de pastos, agricultores y ganaderos que gestionan los recursos locales, derecho al coto de caza, bascula de pesaje, seleccionadora de cereal, gestión de pastos y rastrojeras, asignaciones… Son fundamentales para los ganaderos y agricultores. Todas esas funciones las venía haciendo la Cámara con los funcionarios y los laborales. Priemero, siete, luego, cinco; luego, tres y, ahora, ninguno y quedan el secretario técnico y dos administrativos funcionarios.
-¿Cómo se venía prestando el servicio?
-El servicio se daba en cinco oficinas. Ya habían suprimido otras cámaras las demarcaciones comarcales pero nosotros las manteníamos en Toro, Benavente, Villalpando, Fuentesaúco y Zamora. Ahora vemos si podemos centralizar en la oficina de Zamora el servicio que veníamos dando porque no nos queda más remedio. Lógicamente, ajustado, porque ahora no podemos dar el servicio con esa amplitud. Si están por la labor, lo haremos y, si no, se lo pasaremos al Servicio Territorial de Agricultura y que sea la propia Consejería de Agricultura quien haga esa labor. Lo que pasa es que el Servicio Territorial solo daría un servicio de asesoramiento en pastos. Nada más. Así se nos ha dicho desde la Consejería, de manera que las juntas agropecuarias tendrían que contratar algún servicio privado, con el coste que ellos supondría. Si por nosotros fuera, se lo pondríamos ya encima de la mesa a la Consejería pero desde la responsabilidad, nos hacemos cargo del proceso como podamos por los agricultores y los ganaderos.
-La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, dijo hace algunas semanas que las cámaras se pueden autofinanciar porque la Ley de Cámaras de 2012 se modificó.
-Es una auténtica falacia y lo saben. No podemos autofinanciarnos porque se limita, salvo que haya donaciones de un multimillonario americano o de aquí, que también los hay, pues sí. Estamos esperando. Pero, por pastos, recibimos 13.000 euros en Zamora y poco se puede hacer. Lo que dice la consejera es que cobremos los servicios a mayores que damos a las juntas agropecuarias. Y ¿con que lo pagan? A lo mejor hay diez de las 150 que tienen disponible porque tiene mucho pasto o más actividades pero la inmensa mayoría no tiene disponibilidad económica. Lo único que cambia es cobrarle a las juntas agropecuarias por todos los servicios. Pero, como pasa mucho en el campo, es un servicio imprescindible pero no rentable. A ver cómo se come esto.
-¿Es prescindible el papel de las cámaras?
-También nos han intentado convencer de eso. Vienen a decir que estamos haciendo algo que es prescindible pero es otra falacia. Lo que estamos haciendo las cámaras agrarias, ayudar a gestionar y administrar los recursos agropecuarios de juntas que están muy en precario, es muy importante. La suerte de la Administración es que lo hemos estado haciendo por dos duros porque a ellos les habría costado bastante más Ahora pretende la Administración convencer a la gente de que hay duplicidades de funciones, que eso se lleva mucho ahora. La Junta de Castilla y León empezó a hacerlo en Segovia porque se suprimió la Cámara y ahora dará un servicio mínimo y en precario pero a costa de que una buena parte del servicio no se dé. No hay duplicidad en nada. Que sea valiente la Junta. Es la prueba del algodón. Si esto ya lo hace el Servicio Territorial, ¿qué está usted haciendo financiando mínimamente las cámaras? Liquídelas, porque será una irresponsabilidad política mantenerlas. Pero no lo hacen. Pretenden que se hagan las cosas por la cara y que seamos nosotros los que cerremos y nos responsabilicemos, cuando hablamos de una corporación de derecho público cuya tutela corresponde a la Administración autonómica. Tome usted una decisión y asuma las consecuencias de esa decisión.
-¿Tienen calculado el coste que supone que la Administración preste los mismos servicios que las cámaras?
-Si dan todos los servicios de asesoramiento y atención a agricultores, que cada vez están más dispersos y que tienen muchas necesidades para actividades imprescindibles pero cuya rentabilidad económica es escasa, la ratio sería de uno a tres. A la Junta le costaría el triple. Con menos recursos y más voluntad, más compromiso y más pegados al terreno, nosotros hacemos más.
-¿Qué presupuesto han tenido en su mejor momento?
En 2009 tuvimos unos 300.000 euros. Fíjate, hasta los 37.000 de este año, siempre que nos paguen lo que nos adeudan del semestre.
-Pero el número de agricultores y ganaderos no se ha reducido once veces…
-Evidentemente. Esto ha sido una locura. Hemos ajustado hasta la calefacción. Hubo días en el invierno de 2013 que no la hemos puesto o solamente una hora para ajustar el gasto hasta el extremo, siempre a costa de la Cámara y de los trabajadores.
-¿Qué opinión tiene como responsable nacional de COAG, en vez de preguntarle como presidente de la Cámara Agraria de Zamora?
-Estamos hablando de las únicas cámaras agrarias de toda España con funciones reales. Las de Asturias se suprimieron hace poco que estaban ya sin funciones. También se mantienen en Cataluña, donde hay elecciones como aquí y se utilizaban las elecciones a cámaras para medir la representatividad pero están sin funciones. En Andalucía, Extremadura y Aragón, el patrimonio se ha asignado o bien al Ayuntamiento y a otras entidades, o han pasado a la Administración o a una OPA en algún caso y se han suprimido en todos los sitios. Quedan en Cataluña en las cuatro provincias, y en Castilla y León pero con función operativa real, solo en Castilla y León, excepto Segovia, suprimida por deudas y embargos.
-¿Qué proponen, entonces?
-Si las juntas agrarias locales existen aquí por especificidad, que continúen Se pueden redefinir pero hay algo real que gestionar porque hay mucha dispersión en el medio rural. No es lo mismo que pueblos agrarias de Adnalucía con 10.000 habitantes. Hay que ver con claridad quién atiende a los agricultores y ganaderos y de qué manera.
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