El Ministerio de Justicia, que se niega a abordar soluciones amparándose en la situación política actual, demuestra según los funcionarios de justicia un "absoluto desinterés por ellos".
Cargan contra el Ministerio y es que, "se refugia en el contexto vigente y en la falta de presupuestos, pero anuncian simultáneamente las mejoras económicas y el fin de la crisis".
Afirman que les están negando unas retribuciones dignas y que la diferencia con el resto de compañeros llega a más de 500 euros, según informa el funcionario, Alberto Arroyo.
En la provincia de Burgos se ven afectados 450 trabajadores, que exigen un mínimo diálogo para poder comenzar las negociaciones. Hecho que recriminan ante una falta absoluta de representación del Gobierno. No sólo piden equiparación salarial, a nivel legislativo también se ven devaluados.
Insisten en la falta de medios para trabajar, exentos también de formación y con unas condiciones tecnológicas pésimas. Además, el Ministerio incumple su propio Acuerdo firmado, vigente desde el año 2015. La intención de éste era recuperar lo perdido en la crisis del 2012, los días de permiso por enfermedad, regular de las sustituciones... puntos del acuerdo que no se han respetado, tal y como comunica Alberto Arroyo, dando voz a los funcionarios.
Los funcionarios de Burgos no descartan convocar una huelga si no cambian las cosas. "Si se tiene la misma formación y el mismo puesto de trabajo, ¿por qué no el mismo salario?".
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