La Plataforma de Afectados por la Gestión de las Residencias de Castilla y León lamentó que tras dos años de pandemia del Covid-19 la comunidad encabeza las “tristes listas de récord” de mortalidad, un resultado que achacó a la “falta de personal, carencia de equipos de protección, ausencia de protocolos, personal no formado ni informado, nula comunicación con las familias, irresponsabilidad en la gestión de la sectorización y aislamiento de contagiados y sintomáticos y por supuesto la no derivación a los hospitales”, según informó en un comunicado recogido por Ical.
La organización recordó que entre el 9 y el 13 de marzo la mayoría de los centros residenciales para personas mayores y dependientes cerraron sus puertas a las visitas de familiares y amigos, como medida preventiva. “Muchos no imaginamos en aquel momento que esa semana sería la última que veríamos a nuestras madres, padres o abuelos con vida”, señaló la Plataforma.
A su juicio, esta crisis ha servido para poner de manifiesto frente al conjunto de la sociedad lo que “ya muchas asociaciones de residentes y familiares denunciaban desde hace años”, es decir, el “inaceptable arquetipo español de modelo de residencias, desarrollado con la colaboración de las administraciones autonómicas, que son quienes tienen asumidas las competencias en Servicios Sociales, que ha tenido como denominador común la primacía de la idea de negocio y la rentabilidad de la inversión realizada y no la debida atención a las personas que viven en las residencias”.
A esto se une, denunció la asociación, que las comunidades autónomas “han priorizado especialmente el ahorro de costes que suponía para sus arcas la no inversión en la creación de plazas públicas” y ha estimulado “la introducción de la empresa privada en el sector, facilitando la rentabilidad del negocio a través de unas ratios de personal establecidas para garantizar el beneficio económico de las empresas y el ahorro de las administraciones, pero no para asegurar la atención necesaria de las personas mayores y dependientes y con una ausencia total de control en la gestión de las residencias”.
Por todo ello, la Plataforma exigió que “se investigue lo que ocurrió en las residencias” y rechazó que el adelanto electoral y la disolución de las Cortes “hagan que desaparezca la Comisión de Investigación que ya se había constituido, con mucho esfuerzo, y que había empezado sus trabajos”.
“Las familias necesitamos saber la verdad de lo que ocurrió y queremos conocerla para saber lo que se hizo bien y lo que se hizo mal y poder por fin seguir con un proceso de duelo que nos permita seguir avanzando en nuestra vida; y seguir luchando por los derechos de las personas que sobrevivieron y que en la actualidad siguen viviendo en residencias y por las que estarán allí en un futuro”, explicó.
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