El grupo parlamentario Podemos de Castilla y León, defenderá el 14 de marzo en la Comisión de Fomento de las Cortes, una iniciativa que pide a la Junta “que elabore y financie planes específicos para la sustitución prioritaria de las tuberías de fibrocemento de las redes públicas de distribución de agua potable”, conforme a la normativa de salud laboral y prevención de riesgo aplicable en este tipo de intervenciones, con ayuntamientos y entidades locales, atendiendo a criterios de salud pública.
En España el uso del amianto fue prohibido por Orden del Ministerio de Presidencia de 7 de diciembre de 2001 por la que se traspuso la Directiva comunitaria que prohibía el uso y comercialización de todo tipo de amianto y de los productos que lo contuvieran, estableciendo, respecto del instalado, que estaría permitida su utilización hasta su eliminación o el final de su vida útil.
Además de los efectos adversos del amianto inhalado, “también se empieza a apuntar la posibilidad de efectos nocivos respecto del ingerido, todavía no concretados, siendo una de las vías posibles de introducción en el organismo, precisamente el agua de consumo, que puede transportar fibras de este material, por lo que las administraciones públicas deben aplicar el principio de precaución en todas las cuestiones que tienen relación con este material”.
En Resolución de fecha 14 de marzo de 2013, el Parlamento Europeo ha señalado que “todos los tipos de amianto resultan peligrosos y sus efectos perjudiciales se han documentado y reglamentado apareciendo los mismos décadas después de la exposición”, sin que se haya podido establecer aún un límite de exposición al amianto por debajo del cual no exista ningún riesgo.
Políticas de Viviendas
Por otro lado, el nuevo Plan de Vivienda Estatal 2018-2021 presentado recientemente por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, supondrá un duro recorte a la política social de vivienda en Castilla y León. En este sentido, desde Podemos “denunciamos un recorte del 42% en el presupuesto de estas políticas”.
Así mismo, el portavoz de vivienda de Podemos, Ricardo López, “considera que el plan favorece las políticas de compra frente a las políticas de alquiler o de fomento de vivienda de carácter social. Si con el anterior Plan Estatal muchas familias se quedaron fuera de las ayudas al alquiler, 2.500 en la convocatoria del año pasado aun cumpliendo los requisitos, los recortes agravaran el problema.” Para ellos, desde Podemos piden un ”cambio urgente un cambio en las políticas públicas para promover un sistema de puesta a disposición de viviendas desocupadas que revierta la actual tendencia de precios y aumente el parque público de alquiler y la reserva de viviendas sociales”.
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