Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de EUROPOL y EUROJUST, han desarticulado un grupo criminal de ámbito internacional con presencia en España, Serbia, Macedonia del Norte y Grecia que, presuntamente, se dedicaba al tráfico de personas desde Cuba hasta nuestro país.
Los migrantes volaban hasta Serbia y desde allí eran trasladados en vehículo hasta Grecia para subir a un nuevo avión que los llevaba hasta España.
La organización habría facilitado la entrada clandestina en nuestro país de al menos 67 ciudadanos de origen cubano a cambio de cantidades próximas a los 10.000 euros.
Hay 36 detenidos en diversas provincias españolas, entre los que se encuentran cuatro responsables de la organización que han ingresado en prisión provisional.
La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número dos e impulsada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dio comienzo en enero del año 2023 cuando las autoridades alemanas pusieron en conocimiento de la Policía Nacional la detención, en uno de sus aeropuertos, de una ciudadana cubana procedente de Belgrado y con destino Madrid que portaba un DNI español sustraído.
A partir de esa información, las diligencias de investigación practicadas por los investigadores españoles constataron la existencia de un grupo criminal especializado en el tráfico de ciudadanos cubanos desde su país natal hasta España.
“Conductores piratas” y “coyotes” para los cruces fronterizos
La red criminal captaba a los ciudadanos cubanos en su país de origen y a través de una web, que simulaba una agencia de viajes legal, los trasladaba hasta Belgrado (Serbia), normalmente haciendo escala en el aeropuerto de Frankfurt (Alemania). Una vez en Serbia los migrantes eran desplazados vía terrestre hasta Grecia, atravesando Macedonia del Norte, siendo alojados durante el trayecto en casas de seguridad que controlaba el entramado.
El traslado lo realizaban “conductores piratas” y guías conocidos como “coyotes” que facilitaban los cruces fronterizos de manera clandestina, y en los que en muchas ocasiones se ponía en peligro la vida de los migrantes al realizarse en los maleteros de vehículos que circulaban a gran velocidad.
A su llegada al país heleno, la organización facilitaba a los migrantes documentos falsos o documentos españoles auténticos que usaban con el método conocido como “look alike” y con los que finalmente conseguían viajar vía aérea desde Atenas hasta España.
Durante el desarrollo de la investigación los agentes han logrado acreditar 40 episodios de favorecimiento de la inmigración ilegal mediante este modus operandi, por el cual al menos 67 personas de origen cubano habrían accedido de manera irregular a nuestro país a cambio de cantidades cercanas a los 10.000 euros.
Aparato directivo
Entre los 36 detenidos se encuentran los cuatro miembros del entramado que desarrollaban roles directivos.
Dos de ellos se encargaban de la captación, obtención de billetes y facilitación de las cartas de invitación necesarias para que los migrantes accedieran a Serbia.
Los otros dos eran los organizadores de la ruta terrestre desde Serbia hasta Grecia y de la facilitación de los DNI con los que volaban de Grecia a España haciéndose pasar por ciudadanos españoles.
Para recibir los pagos de los migrantes los cabecillas habían creado una red de cuentas bancarias en Bélgica, algunas de ellas abiertas utilizando documentación falsa para dificultar una posible investigación, que han podido ser localizadas, bloqueadas y embargadas gracias a los mecanismos de cooperación jurídica internacional.
Los cuatro responsables del aparato directivo han sido arrestados en las provincias de Alicante (3) y Málaga (1). Las otras 32 personas, cuya función era ejercer como intermediarios entre la organización y los migrantes, han sido detenidas en las provincias de Alicante (7), Barcelona (6), Las Palmas (4), Santa Cruz de Tenerife (4), Guipúzcoa (2), Islas Baleares (2), Madrid (2), Cáceres (1), Segovia (1), Toledo (1), Vizcaya(1) y Zaragoza (1).
En el operativo final también se han realizado tres registros domiciliarios, dos en la provincia de Alicante y uno en Málaga, en los que se ha intervenido 7.550 euros en efectivo y abundante material informático y documentación relevante para la investigación.
