Tras varios años de anuncios y pactos políticos para sumar la mayoría suficiente, la privatización de la luz pública del municipio de León ya es un hecho. Una realidad que dejará en manos de empresas privadas la iluminación de todas las calles leonesas por espacio de 10 años, hasta 2028, con un coste para las arcas municipales de 20,8 millones de euros. O lo que es lo mismo, 173.241 euros cada mes. Dinero que se embolsará la unión temporal de empresas (UTE) formada por las empresas OHS Servicios, Ingesan y Fermasa, según el contrato autorizado la semana pasada.
El problema colateral ahora, entre otros, es un problema de tipo laboral. Porque hay que saber qué ocurrirá con la plantilla municipal de trabajadores en el servicio de alumbrado público del Ayuntamiento de León, es decir, con los funcionarios municipales que desde siempre se han encargado del mantenimiento y las averías de los más de 20.000 puntos de luz existentes y toda la infraestructura técnica de iluminacion.
Fuentes del equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento leonés relatan que la plantilla municipal, para nada renovada en los últimos años e incluso ya muy mermada por la total ausencia de contrataciones, se cifra a día de hoy en once personas. Se trata de un capataz, máximo responsable del servicio, y diez operarios. Ante la lógica merma, muy considerable, de su carga de trabajo una vez que la luz urbana pase a ser gestionada privadamente, "no habrá despidos", garantiza el PP, sino que se dejará pasar cierto tiempo para que esa plantilla se reduzca de manera 'natural'.
¿Cómo? Para empezar, dos de los operarios tienen actualmente algo que se denomina "contrato relevo", es decir, temporal. Y uno de ellos expira "el año que viene y otro en dos años", y no serán renovados, matizan las mismas fuentes. De los ocho funcionarios restantes, "algunos están próximos a la jubilación", sin concretar la cifra. Pero la cuenta laboralo general permite al equipo de Gobierno estimar que "a medio plazo, la plantilla quedará en unas seis personas". Es decir, prácticamente la mitad que ahora.
Mientras esto ocurra e incluso transcurrido ese medio plazo, el Consistorio asegura que los trabajadores municipales no estarán mano sobre mano. Porque "el servicio eléctrico es más que el alumbrado público", explica José María López Benito, concejal de Infraestructuras y Deportes del equipo que preside Antonio Silván. En principio, entre sus atribuciones seguirá estando el mantenimiento eléctrico de varios espacios públicos que son competencia, como por ejemplo los colegios públicos de la capital (aunque la competencia legal en Educación es de la Junta de Castilla y León), y las instalaciones deportivas, como pabellones o piscinas, entre otros.
Además, abunda el edil, también realizarán como hasta ahora hacían apoyo técnico y logístico a determinados eventos de carácter público, como por ejemplo eventos culturales, léase iluminación de escenarios para conciertos o representaciones, a pesar de que lo habitual es que estas labores sean realizadas por empresas contratadas al efecto.
Sin embargo, lo cierto es que la práctica merma a la mitad en muy pocos años de la plantilla municipal de alumbrado público, que ya no será de alumbrado público, deja la sensación de que se trata de un servicio prácticamente a extinguir y se antoja difícil que más allá de los 10 años iniciales de la privatización aprobada por PP y PSOE, con tan escasos funcionarios se pueda retornar a una gestión cien por cien pública de la luz de las calles.
