El Gobierno autonómico gestiona dos tipos de tributos: por una parte, los que se conocen como cedidos, asumidos en 1985 en aplicación de la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, y que en su mayoría están ligados a la compraventa de inmuebles y los documentos notariales; por otra los propios, de reciente creación, que comenzaron a incorporar recursos en 2012 y tienen carácter medioambiental. Tanto unos como otros experimentaron un buen comportamiento el año pasado, hasta el punto de que en 2013 se registró el primer cambio a cifras positivas de los últimos seis ejercicios.
El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales fue el que más fondos aportó a la Junta, 138,4 millones de euros, lo que implica una subida del 9 % que refleja la actualización de tipos vigente desde el 1 de enero de 2013. A continuación se situó el de Sucesiones y Donaciones, que con 136,7 millones –el 4,3 % más– recoge la modulación por renta de la bonificación del 99 % a familiares directos.
En tercer lugar se situó una vez más el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, que agregó 73,8 millones de euros a las cuentas del Ejecutivo regional y, a pesar de frenar su descenso, recaudó el 9 % menos que en 2012. Algo parecido ocurrió con la Tasa sobre el Juego, que cayó menos que el ejercicio precedente (el 1,6 %), hasta casi estabilizarse, y permitió ingresar 67,3 millones.
Los nuevos tributos propios –el Impuesto sobre la Afección Medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión (IAM), y el Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en vertederos (IER)– proporcionaron 61,1 millones a la Junta para sus políticas, el 28 % más que el año anterior, dado que en 2012 no se aplicaron durante el ejercicio completo sino a partir del 1 de marzo. La contribución de las Tasas de la Comunidad también fue positiva, en concreto de 23,8 millones de euros, el 6,4 % superior a la del periodo precedente.
Ahora bien, si se evalúa lo ocurrido durante los últimos seis años de crisis, el resultado es que la recaudación ha caído prácticamente a la mitad, puesto que ha pasado de los 974,1 millones de euros que se contabilizaron en 2007 a los 501,1 millones de 2013. De hecho, de no ser por los nuevos tributos medioambientales el descenso habría sido mayor, del 55 %. Su implantación, por tanto, ha contribuido a paliar la mala evolución de los tributos tradicionales y en particular de los que gravan las Transmisiones Patrimoniales y sobre todo los Actos Jurídicos Documentados, que han perdido el 59 % y el 78 % de su potencia fiscal, respectivamente, durante el periodo analizado.
Esta realidad se refleja, asimismo, en que en la actualidad los impuestos que gestiona la Junta representan algo menos del 6 % del Presupuesto de la Comunidad. Se trata de un peso muy inferior al que tenían en 2007, cuando suponían el 10 %.
Casi 66.000 ciudadanos disfrutan de beneficios fiscales
El año pasado la Consejería de Hacienda mantuvo su política de reducción selectiva de impuestos mediante la aplicación de 49 beneficios fiscales tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de gestión estatal, como en los tributos que son responsabilidad de la Junta. Las reducciones y bonificaciones en los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados favorecieron a 65.822 castellanos y leoneses, que disfrutaron de un ahorro de 307,9 millones de euros.
Tal y como ocurrió en ejercicios anteriores, en 2013 el grueso de los beneficiarios fueron los contribuyentes que tuvieron que hacer frente a los gastos de una herencia o una donación. Así, 62.201 personas se aplicaron las ventajas vigentes en Sucesiones y Donaciones para familiares directos y empresas, lo que les permitió dejar de pagar un total de 299 millones.
En el caso del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados el colectivo más favorecido fueron los jóvenes que compraron una vivienda para utilizarla como domicilio habitual, que ascendieron a 3.217 por importe de 8,6 millones de euros. De esa cantidad 690 eran menores de 36 años a los que se aplicó un tipo reducido por adquirir su residencia en un pueblo, lo que les supuso un ahorro de 3,2 millones.
La lucha contra el fraude aflora 70,1 millones
En el marco del Plan de Control de la Consejería de Hacienda, en 2013 se realizaron 28.905 actuaciones que permitieron descubrir fraude por valor de 70,1 millones.
En cuanto a su tipología y dentro de lo que se denomina como control extensivo, el año pasado se efectuaron 28.393 liquidaciones complementarias por una cuantía de 60 millones de euros. De ellas la mayoría fueron del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en concreto 19.845, por un importe de 28 millones. A continuación figuran las 8.470 de Sucesiones y Donaciones, valoradas en 31 millones de euros. En tercer lugar se situaron las 51 del Impuesto sobre el Patrimonio, que sumaron 50.000 euros, y también hubo 27 relativas a los tributos propios, que generaron 330.000 euros.
En materia de control intensivo, la Dirección General de Tributos afloró una deuda de 10,1 millones de euros a raíz de 512 actas de inspección. La mitad fueron por el impuesto que grava las transmisiones patrimoniales y la documentación notarial, con 256 expedientes y 6,7 millones. En el segundo puesto volvió a colocarse Sucesiones y Donaciones, área en la que se llevaron a cabo 132 actas por 2,4 millones de euros. Por último, se tramitaron otras 124 por importe de 1,1 millones en el de Patrimonio.
Baja conflictividad en relación a la media de las autonomías
Un indicador interesante de la gestión tributaria es la conflictividad respecto a los tributos tradicionales o cedidos, que sigue en la misma línea de disminución progresiva que se inició en el año 2000. Esto se traduce en una disminución de los recursos que se presentan ante la Junta. Así, mientras que hasta hace una década la cifra de reclamaciones era siempre superior al 2 % de los expedientes tributarios, 2013 acabó con un porcentaje del 0,5 % del total.
El menor número de litigios también se observa en los recursos ante el Tribunal Económico-Administrativo. De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, correspondientes a 2012, únicamente el 6,2 % de las liquidaciones complementarias –las que realiza la Consejería de Hacienda cuando no está de acuerdo con la autoliquidación que presenta el contribuyente– fueron objeto de reclamación ante este tribunal, porcentaje muy inferior al 11,1 % de media de las comunidades autónomas.
Aumentan el 7,4 % los aplazamientos y fraccionamientos de deudas
Conviene recordar que en abril de 2009 la Consejería de Hacienda simplificó y flexibilizó los requisitos necesarios para beneficiarse de la posibilidad de aplazar o fraccionar deudas fiscales, en atención a la difícil situación económica de muchas familias y empresas. En 2013 se acogieron a esta posibilidad 1.876 expedientes, el 7,4 % más que el año anterior. En consonancia con esto, el importe retrasado o dividido en plazos aumentó el 110,7 %, hasta los 35,8 millones de euros.
Para terminar, cabe destacar que la rapidez en la tramitación es una de las prioridades de la Consejería de Hacienda. Tanto es así, que la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica los gestiona en la mitad de tiempo que la media nacional. En concreto, en 2013 Castilla y León se consolidó como la tercera región más diligente, ya que resolvió los expedientes de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en 2,2 meses y los de Sucesiones en 5,7 meses, frente a los 6,2 y 7,5 meses que se registraban en 2012 –último dato disponible– de promedio autonómico.
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