La Consejería de la Presidencia, con nuevo titular en esta legislatura, Jesús Julio Carnero, retoma las relaciones con las regiones Centro y Norte de Portugal en la recta final del año, pero mantiene continuidad con los programas de apoyo a las entidades locales y de función pública del anterior consejero Ángel Ibáñez. De las nuevas competencias, preserva las ayudas a la memoria democrática, aunque aparca la ley de transparencia y flexibiliza el código ético de los Altos Cargos de la Junta.
La formación del nuevo gobierno, derivada de las elecciones adelantadas del 13 de febrero, ha supuesto que la Consejería de la Presidencia recupere sus habituales competencias, dado que no están desdobladas con la anterior de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, que estuvo a cargo de Ciudadanos.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, nombró como consejero de este departamento a Jesús Julio Carnero -anterior titular de Agricultura- y situó a Ángel Ibáñez como viceportavoz del Grupo Popular. No fue el único cambio, ya que la Consejería asumió las materias de memoria democrática, acción exterior, atención a residentes en el exterior, transparencia o el portal web institucional.
Convenios con Portugal
Desde los años noventa la Junta de Castilla y León tiene creadas comunidades de trabajo con Portugal. La pandemia de covid paró las reuniones presenciales, que se han retomado en la recta final de este año. Carnero viajó a Oporto y Coimbra, el pasado mes de octubre, para firmar sendos acuerdos con el presidente de la Región Norte, Antonio Cunha, y con la presidenta de la Región Centro, Isabel Damasceno.
Con la Región Norte firmó una declaración conjunta para el desarrollo de un Plan Estratégico con un horizonte temporal que finaliza en 2027, aunque con la ejecución de las medidas prorrogada hasta 2030, centrado en el ciudadano, el medio ambiente, la competitividad y la digitalización de ambos lados de la Raya.
En el caso de la Región Centro se suscribió un protocolo para “relanzar” desde ambos territorios la lucha conjunta contra la despoblación. Además, ambos regiones acordaron buscar una alianza de las universidades implantadas en su territorio para el desarrollo de proyectos conjuntos que tengan como hilo conductor “las lenguas ibéricas”.
Otra vía de colaboración se centra en la gestión de siete espacios de la frontera para “dar una respuesta conjunta” a desastres naturales como los incendios. Se trata de las sierra de Estrela, Gardunha y Malcata y a la reserva natural de Faia Brava, en Portugal, y de los espacios salmantinos en El Rebollar, las sierras de Béjar y Francia y el Campo de Azaba y Argañán.
Memoria democrática
El acuerdo de gobierno de PP-Vox recoge la elaboración de una norma de concordia, que aun no se ha iniciado, pero el consejero de la Presidencia ha expresado el compromiso con los trabajos de localización, exhumación e identificación de víctimas de la memoria histórica con una partida de 240.000 euros para ejecutar en 2023.
En este marco, el Consejo de Gobierno ha aprobado dos subvenciones directas. La primera es para las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid que recibirán 113.232 euros para financiar las actuaciones relacionadas con la memoria democrática a lo largo del ejercicio 2022.
Además, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, la Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos y la Asociación Soriana por el Recuerdo y la Dignidad contarán con 126.192 euros para seguir con su actividad.
Comunidad municipalista
La Consejería de la Presidencia mantiene continuidad en los programas de coordinación y financiación a las entidades locales. Así, uno de cada seis euros del nuevo presupuesto se destina a los fondos a ayuntamientos y diputaciones provinciales. “Castilla y León es una comunidad municipalista, nuestro nacionalismo es el municipalismo”, es una frase que gusta decir a Carnero.
Uno de estos fondos de nueva creación es el de Cohesión Territorial, dotado con 20 millones y con vocación de permanencia en las cuentas autonómicas. Se destina a inversiones locales para luchar contra la despoblación. El consejero ha iniciado la firma de los respectivos convenios con las provincias.
En la presentación de su programa de gobierno, comprometió un Plan de transformación de las Delegaciones Territoriales y el Plan Expansión Rural del 012, como acciones para completar la relación con las entidades locales de la Comunidad.
El decreto aprobado para dotar a los ayuntamientos de plazas de secretarios interinos cuenta con una partida de 120.000 euros en el nuevo presupuesto, con el objetivo de crear bolsas de trabajo para que estén en funcionamiento al inicio de la próxima legislatura local. Con esta medida, la Junta envía “un mensaje de tranquilidad a los futuros alcaldes y alcaldesas del medio rural que resulten elegidos” en mayo, afirmó Carnero.
Precisamente, el Bocyl acaba de publicar la resolución para la convocatoria de la formación de la sección segunda de la bolsa de trabajo de la Comunidad de Castilla y León para la provisión temporal, mediante nombramiento interino, de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional de la subescala de Secretaría Intervención.
En el apartado normativo, Presidencia ha aparcado la aprobación del anteproyecto de ley de Transparencia autonómico, una de las leyes estrella del anterior mandato de Cs, enviada a las Cortes pero decayó con la disolución de la Cámara por el adelanto electoral. “No es el momento oportuno, habrá que esperar a la aprobación de la ley nacional”, explicó el consejero.
Tampoco se han producido avances en estos meses en dos leyes que ya pasaron por el Gobierno Abierto bajo el mandato de Ibáñez, como son los anteproyectos de ley de Función Pública y de Cuerpos y Escalas. Por el contrario, se ha aprobado la revisión del código ético de altos cargos, que se flexibiliza y permite aceptar regalos de cortesía.
En esta recta final del año, se ha firmado el nuevo acuerdo de colaboración con la Comunidad de Madrid, que refuerza en especial la sanidad, ya que los vecinos de diez zonas básicas de salud de Ávila y Segovia podrán recibir asistencia hasta en 16 especialidades en los hospitales madrileños. Además, los madrileños con una segunda residencia en Castilla y León van a tener a su disposición el Sacyl.
