La formación magenta apoya la decisión de la Acusación Pública de reabrir el caso, ya que se ha intentado cerrar el proceso sin la suficiente información sobre unos hechos que suponen no sólo una vulneración de la ley, sino un ataque directo a la libre competencia de las empresas de la región.
Desde UPyD se hace especial hincapié en que el fraccionamiento de estos contratos no es un proceso sencillo que pueda pasar desapercibido por una Administración y muestra su preocupación por que los acusados alegaron durante el proceso que la partición de contratos para que no superaran los 18.000 euros “era la práctica habitual de la Junta”, ya que “se había hecho siempre”.
Asimismo, este partido constata que los hechos denunciados en este proceso corresponden al año 2010, por lo que urge a los órganos de control a que analicen todos estos casos con premura y pide a la Junta que dirija la labor de control del Consejo de Cuentas a los organismo públicos y semipúblicos de la región en lugar de las entidades locales.
El coordinador territorial, Rafael Delgado, afirma que “el daño para la confianza de las empresas de la región es enorme” y señala que “este tipo de actuaciones son un cáncer para la economía de Castilla y León”. Delgado destaca que “aparentemente se ha vulnerado la ley” y que “la transparencia de la Junta en los procesos de contratación hace aguas”. Por ello, pide al consejero de Economía, Tomás Villanueva, que ofrezca “las pertinentes explicaciones, que investigue el caso y que explique qué va a hacer para que no vuelva a repetirse”.
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