La no inscripción del Salamanca como equipo del grupo I de Segunda División B por parte de la Real Federación Española de Fútbol suscita todo tipo de opiniones, máxime cuando existe un auto judicial. Los partidarios del proyecto de Juan José Hidalgo consideran, como repite el empresario, que la Justicia ordinaria está por encima de cualquier reglamento deportivo, mientra que los detractores del nuevo equipo recuerdan que no se han cumplido todos los detalles del auto judicial. Hasta que llegue septiembre y la jueza retome su puesto, ¿qué opinan los expertos en derecho deportivo? SALAMANCA24HORAS ha consultado al abogado José Ramón Oulego Erroz, del despacho Oulego Abogados.
 
El conflicto que subyace en estos momentos es entre el auto dictado por la señora juez en el que establecía autorizar a la Administración concursal la transmisión de los derechos federativos que ostenta la Unión Deportiva Salamanca con derecho a competir en Segunda División B a la entidad Desarrollo y Proyectos Monterrubio S.L. por un importe de 250.000 euros. Este auto establecía expresamente la obligación de esta última entidad de transformarse en un Club deportivo o Sociedad Anónima Deportiva o cumplir con los requisitos necesarios para ser inscrita en la competición.
 
El problema vino por la RFEF, que no permite la inscripción al no haber operado dicha transformación, lo cual en cierta medida no era posible por falta de tiempo, con lo que no se está cumpliendo con la resolución judicial, sobre todo habiendo precedentes de concesión de plazo de un año como en los casos de Alcorcón y Mirandés.
 
Según José Ramón Oulego, “la Federación podría haber aceptado la inscripción en atención a las especiales circunstancias del caso condicionada a la transformación en plazo de la mercantil en un plazo, la cual debería ser descalificada en caso de no cumplirse tal requisito, máxime cuando existe una resolución judicial que a tal obliga, aunque sí de difícil cumplimiento por falta de plazo para realizar la transformación”.
 
Por tanto, “a día de la fecha sólo queda recurrir la decisión de la RFEF y acudir, en todo caso, a la justicia ordinaria que tendrá que ser la que determine si es posible la inscripción en las actuales circunstancias y con la competición ya iniciada. En favor de esta última opción se cuenta con el precedente en el ‘caso Orihuela’ en el que la Federación se vio obligada a inscribir al equipo con la competición iniciada”.

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