El Certificado Digital de la UE es una acreditación que corrobora que una persona ha sido vacunada contra el COVID-19, o se ha realizado una prueba diagnóstica con resultado negativo, o se ha recuperado de la enfermedad. Se trata de un salvoconducto que entró en vigor el 1 de julio de 2021 y que permite a los ciudadanos y residentes de la Unión Europea poder acceder a los diferentes países de la comunidad.
En Salamanca, durante el primer mes de funcionamiento de este pasaporte COVID-19, se emitieron un total de 101.250 certificados, siendo en su amplia mayoría para constatar que la persona que lo había solicitado se encontraba vacunada con ciclo completo frente a la enfermedad que asola nuestro planeta desde marzo de 2020.
La distribución ha sido la siguiente: 93.988 certificados de vacunación, un 93% del total (88.379 digitales y 5.609 presenciales); 5.159 documentos de pruebas diagnósticas, un 5% del total (5.159 digitales y 149 presenciales); y 1.954 certificados de recuperación de la enfermedad, un 2% de los salvoconductos solicitados (1.895 digitales y 59 presenciales).
Entendiendo que el certificado de vacunación es unipersonal y que su emisión se realiza con carácter de ciclo completo (puesto que el certificado con solo una de las dos dosis es estéril), se deduce que casi un 30% de la población de la provincia de Salamanca solicitó su salvoconducto durante la pasada mensualidad.
De esta manera, durante el mes de julio se emitieron 3.266 certificados COVID-19 al día, una cifra que presumiblemente podría superarse en el mes de agosto, sobre todo porque el ciclo completo de vacunados se habrá incrementado con la incorporación de los más jóvenes a la estrategia de inmunización.
El Certificado Digital de la UE en Salamanca se puede solicitar a través de la aplicación de la Sanidad Pública ‘Sacyl Conecta’. Una app móvil que puede descargarse de forma gratuita y que una vez dentro, tras proceder al registro del paciente, en la pestaña de ‘Documentación Clínica” se puede acceder al salvoconducto para viajar por los países de la Unión Europea en sus tres variantes: vacunación, recuperación de la enfermedad y test negativo.
Hasta 120 euros por una PCR
Evidentemente, para acceder al certificado de vacunación y al documento que acredita que un paciente ha superado una enfermedad es indispensable realizarlo a través del Sacyl. Sin embargo, para obtener una prueba diagnóstica -PCR o test de antígenos- que se incluya dentro del salvoconducto europeo también puede conseguirse fuera del sistema público de salud, acudiendo a una clínica que cuente con la certificación para llevar a cabo la prueba.
Y es que todo aquel ciudadano que quiera salir fuera de las fronteras españolas y requiera una prueba diagnóstica negativa -como es el caso de aquellos salmantinos que han recibido solo una de las dos dosis de la vacuna- deberá acudir a una clínica privada y pagar su PCR o test de antígenos. Unas pruebas cuyos precios que oscilan dependiendo de la clínica en cuestión. La PCR sigue manteniendo un elevado precio de 120 euros en muchos laboratorios especializados, si bien es cierto que en algunos lugares pueden encontrarse por la mitad. Igualmente, el test rápido de antígenos tiene un coste de entre 25 y 50 euros en la actualidad.
Castilla y León rechaza el certificado en farmacias
Durante el pasado mes numerosas comunidades validaron que las farmacias, que venden test de antígenos sin recetas desde el 21 de julio, pudieran emitir certificados COVID-19 siempre y cuando la prueba fuese realizada por el profesional farmacéutico en el establecimiento y se constatara que el resultado es negativo. Galicia y Aragón son dos regiones en las que se emite este salvoconducto que se llegó a solicitar en los bares y restaurantes gallegos para poder acceder al interior.
Sin embargo, el Gobierno de la Junta de Castilla y León presenta una posición absolutamente en contra de esta posibilidad de que las farmacias expidan el certificado para pruebas diagnósticas del COVID-19. Desde la propia Consejería de Sanidad, a pregunta de SALAMANCA24HORAS, sostienen que el documento que pueden acreditar las farmacias “no forma parte del Certificado Digital Europeo ni tiene tal consideración”.
Sanidad de Castilla y León precisa que se trata de una certificación por parte del profesional farmacéutico de que un determinado usuario que ha adquirido el test lo ha realizado en la oficina, bajo la supervisión del responsable y que, por tanto, sus resultados corresponden a esa persona y no a otra”.
Por último, la Consejería precisa que se está usando “como una especie de salvoconducto discrecional en territorios que había aprobado el uso del certificado para acceder a determinadas actividades y establecimientos, situación que ha sido anulada por varios tribunales superiores y que en Castilla y León no se ha producido”.
