De abusados a abusadores: El sacerdote condenado que estuvo 23 años destinado en Salamanca y la cadena de pederastia de los Legionarios de Cristo

Hace unos días, el pasado 13 de enero, el sacerdote Fernando Martínez Suárez, que estuvo destinado en Salamanca entre 1993 y 2016 en la sede local de la Congregación de los Legionarios de Cristo, reconoció finalmente haber abusado sexualmente de menores de edad entre 1990 y 1993 en México, por lo que le fue retirado su estado clerical, según informó la propia congregación. En un comunicado, el instituto aclaró que asumirá la responsabilidad de que Martínez Suárez lleve “una vida que corresponda a su condición de religioso”

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“La Congregación de los Legionarios de Cristo informa a sus miembros que Fernando Martínez Suárez, quien se reconoció culpable de delitos de abuso sexual contra menores de edad, como resultado del proceso ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha perdido el estado clerical y ya no podrá ejercer el ministerio sacerdotal por el bien de la Iglesia“, señalaron los Legionarios en el comunicado. El 22 de noviembre del año pasado, Los Legionarios de Cristo dieron a conocer un informe en el que Martínez Suárez abusó de al menos 8 niños, de entre 6 y 11 años, cuando se desempeñaba en el Instituto Cumbres (Cancún), una de ellas la periodista mexicana de radio y televisión Ana Lucía Salazar.

Sin embargo, la periodista también mexicana Georgina Zerega ha dado a conocer recientemente en El País detalles de lo que hasta este momento se encontraba oculto, y no es más que la cadena de pederastia de los Legionarios de Cristo. Porque el sacerdote Fernando Martínez no sólo fue un abusador, también fue víctima de abuso.

Según El País, a finales de diciembre la Legión de Cristo, una de las congregaciones más poderosas de la Iglesia Católica, sorprendió al mundo cuando divulgó un informe en el que admitía 175 casos de abuso a menores dentro de la orden fundada por el sacerdote mexicano Marcial Maciel en 1941, gran parte de ellos cometidos por su propio fundador y desde el momento mismo de la fundación. Pero lo más revelador no era la constatación de las vejaciones que habían sido denunciadas por distintas víctimas a lo largo de ocho décadas, sino aquello que el informe dejaba entrever: que la pederastia dentro de la Legión no era el resultado de la perversión de algunos sacerdotes, sino parte de una dinámica que alcanzaba a todos los niveles. Era participar o callar.

Es emblemático que 111 de los menores abusados fueron víctimas de Maciel, de una de sus víctimas o de una víctima de sus víctimas”, dice el informe de la Legión que recoge Georgina Zerega, y que habla explícitamente de “cadenas de abuso”. 

José Antonio Pérez Olvera, un abogado mexicano de 80 años que estuvo entre los primeros legionarios en denunciar abiertamente a Maciel (en 1997), explica que aquellos que habían sufrido abusos por parte de él solían ser premiados con cargos de poder. “Había una característica común a aquellas víctimas de Maciel que no hablaban, y era que él las ponía como superiores de las casas o seminarios de la Legión”, dice. Ese fue el caso de Fernando Martínez, a quien Pérez Olvera recuerda por los “excesivos” abusos que sufrió en manos del fundador de la orden durante los años 50 en un seminario en Roma. 

Entonces, según el relato de Zerega, Martínez fue víctima y se convirtió en victimario. Las acusaciones de pederastia que acumuló dentro de la Legión (una investigación interna reconoce al menos tres denuncias entre 1969 y 1990 en distintos lugares de México, una de ellas por abusar de un niño de entre cuatro y seis años) no impidieron que siguiera ocupando cargos de poder. Su último puesto fue en el Instituto Cumbres de Cancún, donde lo designaron como director en 1991. Dos años después, la Legión lo trasladó a Salamanca, después de que algunas madres lo acusaran de abusar de sus hijas. 

La pena

Perder el estado clerical es considerada la pena más grande contra una persona ordenada en la Iglesia católica que ha sido hallada culpable de pederastia.

En este caso el sacerdote pierde derechos como celebrar misa, oír confesiones o administrar sacramentos. Por eso, también algunos le llaman a este castigo “laización”. Sin embargo, en estricto sentido no pierde la condición de sacerdote porque quien lo recibe lleva un sello ontológico que la Iglesia no puede revertir ni retirar.


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