La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género ha presentado este martes el informe de sus actuaciones en el primer semestre en el que destaca que el número de casos atendidos se mantiene con respecto al mismo periodo de tiempo en 2016. En concreto, estos fueron de 84, de los que 65 son por casos relacionados con la violencia de género y 27 por violencia sexual. En total, el número de actuaciones realizadas fue de 437, divididos en 324 y 113 en los dos ámbitos.
De estos, diez fueron menores, a los que habría que sumar otros cinco casos de personas adultas que sufrieron los abusos sexuales en la infancia o juventud, como comentó la secretaria y abogada de Adavas, Manuela Torres. De las mujeres atendidas, el 43% eran desempleadas, el 46% estaban empleadas y el 5% estudiaba, mientras que el 6% eran jubiladas. Además, el 31% de las mujeres residían en el área rural y el 71% abandona al agresor, con un ligero incremento respecto al primer semestre de 2016, en el que se encontraba el porcentaje en el 67%.
Cuatro ámbitos de actuación
La Asociación destacó que cuentan con programas de sensibilización, tratamiento psicológico, musicoterapia y despacho jurídico. En este último, Manuela Torres destacó el aumento de mujeres tratadas que denuncian, que en el caso de malos tratos llegó hasta el 66% desde el 50% y en delitos sexuales, hasta el 88% desde el 80%.
Además, de las sentencias ya firmes, más del 64% fue condenatoria en el caso de malos tratos y el 100% en delitos sexuales y hubo también tres archivos de la causa en el primero de los casos, dos por retirada de denuncia y uno por falta de pruebas, y otros dos en delitos sexuales por falta de pruebas. A pesar de ello, mostró su preocupación por el alto porcentaje en la denegación de las órdenes de protección en delitos sexuales, 43%, y en los malos tratos, 50%, que provoca una desconfianza en la Justicia.
En total fueron 49 las mujeres atendidas en este primer semestre por Adavas en este ámbito de las que 33 lo fueron por malos tratos, 13 menores. Preocupa, de hecho, el aumento del 32% en delitos sexuales que se dan con menores de edad. Las asesorías que se ofrecieron llegan casi a las 200.
En el tema de la prevención, se están centrando en talleres en centros escolares de Primaria y Secundaria, que están dando "muy buenos resultados", según afirmó la psicóloga de la Asociación, Elena Hermo. En concreto, fueron 27 en Educación Primaria y 22 en Secundaria en 81 sesiones que llegaron a 628 alumnos. Asimismo, se han realizado dos talleres con el grupo de padres y madres del AMPA del IES Senara, en Babilafuente.
En el servicio de tratamiento psicológico, el número de víctimas atendidas llegaron a 42, 28 por violencia de género y 14 por agresiones sexuales. En este caso, el 64% de las víctimas manifiestan la existencia de conductas violentas desde el comienzo de la relación, aunque la media de permanencia en la relación es de 14 años, lo que implica que el trabajo todavía es arduo.
Además, el 74% de las víctimas tienen hijos menores. La problemática relacionada con el régimen de visitas y el comportamiento del padre con los menores aparece como la demanda fundamental de intervención, junto con ayudarles a superar el miedo y aumentar el autoestima.
Por último, en el servicio de musicoterapia para menores fueron ocho los niños y niñas atendidos a través de 47 sesiones que incluyen abordaje grupal e individual. Más allá de esto, se realizaron también veinte intervenciones con las madres.
Conclusiones
Desde Adavas, afirman que les resulta preocupante "el hecho de que solo a a la mitad de las víctimas que se deciden a denunciar por violencia machista, se le conceda una medida de protección, constatando que continuamos con un alto porcentaje de denegaciones en los últimos años en cuanto a protección se refiere". Además, se comprueba una tendencia en resolver los asuntos por delitos leves y el que no se enjuicie y condene por los tribunales el delito de maltrato habitual, teniéndose en cuenta solo el último episodio violento.
En los últimos meses, también se comprueba una tendencia a denegar multitud de medios de prueba, como puede ser una valoración psicológica de la víctima por parte de los profesionales, creando una clara indefensión a los intereses de la víctima. De hecho, piden que se ponga en una "misma balanza" los derechos de los imputados y su presunción de inocencia como los derechos de las víctimas, así como el tener en cuenta en los casos más graves la suspensión y privación de la patria potestad en padres condenados por violencia y evaluar los regímenes de visita de estos.
Por último, consideran fundamental una formación en género y especializada de todos los agentes profesionales y sociales que atienden a las víctimas.
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