La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales, ALCER Salamanca reivindica el cumplimiento de todos los artículos de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, en el marco del Día Internacional y Europeo de las personas con discapacidad, que se conmemora este domingo.
'Por un futuro para todas las personas' es el título del manifiesto de las personas con discapacidad física y orgánica con el que COCEMFE, la Federación Nacional de Asociaciones ALCER y sus entidades quieren comunicar públicamente sus propuestas para acabar con la vulneración de derechos, libertades e igualdad de oportunidades de este grupo social.
Según dicho documento, “la falta de unas políticas sociales verdaderamente comprometidas con los problemas de las personas, el incumplimiento crónico de la normativa sobre discapacidad y la ausencia de un sistema eficaz de infracciones y sanciones” motivan el “déficit estructural” que impide “la participación en todas las actividades y facetas de la vida” de las personas con discapacidad.
A este respecto, Francisco Carmelo Martín Rodríguez, presidente de Alcer Salmanca, afirma que la discapacidad orgánica es la gran desconocida en la sociedad puesto que no se ve, pero afecta seriamente en lo personal y en lo social a las personas que la padecen, con una gran repercusión en la calidad de vida.
Las personas con enfermedad renal crónica trasplantadas, se encuentran con una desventaja añadida, ya que no son reconocidas en los términos de discapacidad quedan al margen de cualquier ayuda que pudiesen paliar frente a los efectos de los complicados tratamientos a los que deben enfrentarse las personas que sufren esta patología.
La Federación Nacional de Asociaciones ALCER y sus entidades reivindican la puesta en marcha de un sistema de infracciones y sanciones que sea verdaderamente eficaz y disponga de los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Además, COCEMFE, la Federación Nacional de Asociaciones ALCER y sus entidades proponen el reconocimiento oficial de los derechos de todas las personas con discapacidad física y orgánica, a través de la regulación de un baremo de valoración del grado de discapacidad que proporcione una cobertura justa y equitativa y cumpla con los criterios de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).
Entre las propuestas que recoge el manifiesto, figura una mayor “concienciación sobre la existencia de las discapacidades orgánicas, que al ser aparentemente invisibles son, en muchas ocasiones, las más olvidadas por los medios de comunicación, las políticas públicas y la población en general”.
También apunta a la importancia de una atención sociosanitaria coordinada, continuada y personalizada, que busque mantener unos estándares de calidad de vida de todas las personas adecuados, apoyándose en la investigación y las nuevas tecnologías.
