Alberto Sánchez Martín es un joven salmantino que, tras prepararse durante dos años las oposiciones para funcionario de prisiones y pasar el primer examen, quedó excluido de las pruebas debido al diagnóstico de diabetes. Para protestar por lo que considera una injusticia se ha unido a José Manuel García y a Enrique Martín.
El caso de José Manuel es muy similar, ya que tras prepararse durante dos años las oposiciones al cuerpo Nacional de Policía y superar las pruebas físicas y de conocimiento, debutó con diabetes en 2015, en el mismo trascurso del proceso, quedando así fuera del mismo. Como forma de protesta ha decidido recorrer el Camino de Santiago en bicicleta desde el Rocío (Huelva) para visibilizar una situación que, como Alberto y él, viven miles de personas. Con él está Enrique Martín, que se ha desplazado, también en bicicleta, desde Medina del Campo para apoyarlo.
La legislación vigente, que data del año 88, marca unos cuadros de exclusión que indican que si el opositor padece ciertas enfermedades no puede pasar los reconocimientos médicos. Este límite afecta a la mayoría de cargos de función pública, según explican. Alberto Sánchez consideraba que se trata de una ley “obsoleta totalmente, gracias a los avances médicos la enfermedad está controlada y podemos hacer vida normal, los límites los están poniendo desde la Administración”.
“Hay una incongruencia en la normativa, porque si debutas con diabetes una vez conseguido el puesto, no hay desventaja, pero habiendo debutado antes, es una condición que te excluye”, opinaba el salmantino. La representante de la Asociación de Diabéticos de Salamanca, Belén Bernal, ofrecía su apoyo a los jóvenes, ya que “Tener diabetes no te tiene que limitar para nada”.
Así, continuaban, si no supone un impedimento para otras profesiones como deportista de élite o cirujano, o incluso para recorrer más de 1.200 kilómetros en bicicleta, como está haciendo José Manuel, no comprenden el motivo de la barrera para ejercer un cargo público: “Es un problema metabólico, queremos trabajar como cualquier otra persona”.
A pesar de que cada uno de ellos se ha puesto en contacto con el Defensor del Pueblo, solo han recibido “palabras vacías, aunque sí abre la puerta a una modificación de la ley”.
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