Pese a las recientes medidas de ampliación de las plantillas de examinadores de tráfico con la incorporación de 54 nuevos profesionales por la administración, dada la numerosa demanda, la Dirección General de Tráfico (DGT) no ha logrado las metas que se esperaban. Los expertos agradecen estas ampliaciones, no obstante consideran que son insuficientes, “los funcionarios interinos ayudan, pero no suponen la solución definitiva", ha manifiestado el portavoz de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
Por su parte, mientras que desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANAES) se estiman que las casi cien plazas que se convocan cada año no alcanzan a cubrir las bajas y jubilaciones del servicio, y tampoco alivian la situación de las provincias con mayor número de problemáticas.
Solo en España se realizan aproximadamente unos 850.000 exámenes teóricos de conducir y 960.000 prácticos al año. Por ello, la falta de examinadores, es un problema que deriva en parte por la escasez de administrativos, lo que provoca unas listas de espera muy extensas.
Por suerte, esta situación no se da en todo el país, pero en las jefaturas más afectadas ese tiempo de espera hasta poder realizar la prueba práctica oscila entre los dos o tres meses, lo que perjudica a alumnos, funcionarios y a las propias autoescuelas. El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha manifestado el pasado mes de abril en el Congreso de los Diputados que el principal obstáculo es "la falta de personal administrativo en las jefaturas provinciales". Además, "si conseguimos resolver el problema, supondrá una mejora considerable", ha asegurado.
Este contratiempo se reitera año tras año, “cada año se repiten los mismos problemas de estacionalidad, poniendo de manifiesto la falta de reacción de la Administración pese a lo previsible de la situación", ha denunciado el presidente de CNAE. Además, ha referenciado que en el año 1980, cuando el director de la DGT en aquél momento intervino en el Senado, dando la voz de alarma sobre la falta de examinadores.
Del mismo modo, ha afirmado que en muchas provincias las autoescuelas cuentan con gran capacidad de formación de alumnos frente a la que tiene la Administración para examinar. Las dificultades se intensifican en épocas de mayor demanda de exámenes, como puede ser en Navidad y el verano. Sin embargo, en algunos puntos del país hay riesgo del colapso.
Las asociaciones reclaman soluciones dado que "en determinadas provincias los examinadores aceptan la realización de horas extras, pero hay otras que se encuentran con el rechazo de los evaluadores", han reiterado, lo que puede tomarse como una buena medida, pero a su vez como un "un parche" que tape temporalmente el problema.
Solicitan un incremento de personal y que se agilice la capacidad de realizar las pruebas. "Los estrictos y exhaustivos controles a los que se somete el sistema privado, a la hora de examinar y calificar a los aspirantes, certifican un proceso con todas las garantías", ha justificado el presidente de CNAE. De el mismo modo, ha defendido que el modelo mixto ya se aplica en otros países como Portugal. También, ha recuerdado que el propio director general de Tráfico ha salido en defensa de abrir espacios a esta colaboración público-privada en el ámbito de la seguridad vial.
Por otro lado, Prieto ha apostado por "cambiar todo el sistema de evaluación desde la base". "La formación para la obtención de un permiso de conducir debería tener unos mínimos obligatorios", ha querido destacar, pero en la teórica “no se debería memorizar respuestas, sino entender el porqué de cada norma de tráfico y del comportamiento seguro”. Mientras, en la parte práctica, “los profesores deberían recuperar la potestad de presentar a los alumnos a examen solo cuando hayan alcanzado los objetivos necesarios para convertirse en buenos conductores”, ha conluído.
