Un total de 14 asociaciones memorialistas de Castilla y León, entre las que se encuentran la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia y Farinatos por la Memoria, consideran insuficiente el texto del Proyecto de Decreto de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León.
Así lo han manifestado mediante un escrito en el que, sin embargo, han valorado que “por fin la Junta de Castilla y León cambie el rumbo respecto a la Memoria Histórica y tome partido” apoyando a un colectivo que “trabaja por las víctimas de crímenes que, por su naturaleza, afectan a toda la humanidad”.
“Las asociaciones de Memoria Histórica de la comunidad de Castilla y León creemos que este Decreto debería haberse desarrollado como Ley y debatido en las Cortes en aras de su pluralidad”, han recalcado y han advertido que esta iniciativa todavía puede llevarse a cabo durante esta legislatura.
Del mismo modo, han puntualizado que el Decreto solo llega a las exhumaciones e investigación, a cubrir vacíos jurídicos derivados de la Ley de Memoria Histórica y a crear un órgano técnico y otro consultivo.
En cuanto a la exclusividad de las exhumaciones, han apuntado en el texto que no solo los desaparecidos son víctimas. “Creemos que el Decreto y las ayudas deben ir más allá y contemplar todo tipo de víctimas”, han asegurado ya que, de lo contrario, “debería adecuarse el título del Decreto a su contenido”.
Otro aspecto que debería tenerse muy en cuenta en las exhumaciones y que no recoge la norma, según las asociaciones, es la judicialización de las fosas comunes y la presencia judicial en el levantamiento de los restos mortales de los desaparecidos.
Respecto a los nuevos órganos a crear, las asociaciones memoralistas temen que hagan más complejo el protocolo de exhumaciones y que retrase estos procesos que conllevan la investigación, la localización de las fosas, la recogida de testimonios, la documentación, la solicitud de permisos, la denuncia judicial, la excavación, la exhumación, la identificación genética, el homenaje y la devolución de los restos a sus familiares para su posterior inhumación. “Creemos que se podría realizar un protocolo más sencillo adaptando la norma existente”, han recalcado.
Del mismo modo, en el texto critican que en la norma no se hable de la “simbología fascista”, y que pese a plantear un mapa de fosas comunes, no haya un solo lugar de memoria declarado, ni se reconozca como tales a las víctimas y no se condene la violencia ni al franquismo en sí.
“Pese a las distintas sensibilidades que engloba la diversidad de las asociaciones memorialistas, se observa la necesidad de una iniciativa que acerque la Memoria Histórica Democrática a los centros educativos, un banco de AND y algunos aspectos técnicos del Decreto, como la diferenciación en los presupuestos entre organizaciones autonómicas y provinciales, cuando no existen las primeras y podría aprovecharse la circunstancia para crear asociaciones ad hoc para beneficiarse de las ayudas”, han detallado en el texto.
Por último, las asociaciones han asegurado que todas estas inquietudes se han trasladado a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, para que puedan tenerse en cuenta en el texto de la norma. En cualquier caso, y “a pesar de las graves discrepancias con el fondo y la forma”, las asociaciones han insisitido en que este paso dado por la Junta es “positivo”
