​La Audiencia Provincial de Salamanca reabre la investigación por un presunto delito de financiación ilegal del Partido Popular en las últimas primarias de Castilla y León

Ha revocado el auto dictado por el Juzgado de Instrucción Número 2 que archivó las diligencias

 Audiencia Provincial (1)
Audiencia Provincial (1)

La investigación sobre la posible comisión de un delito de financiación ilegal dentro del Partido Popular durante las primarias de 2017 en las que Alfonso Fernández Mañueco se impuso a Antonio Silván se ha reabierto.

Así lo ha indicado este jueves, 4 de junio, la Audiencia Provincial de Salamanca, que ha revocado el auto del Juzgado de Instrucción Número 2 que archivó las diligencias abiertas para investigar ese proceso electoral dentro del partido político.

La Audiencia entiende que “debe seguir adelante la investigación penal, con libertad de criterio del juez instructor, encaminada a comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de partido político o, por el contrario, tan sólo existe un pago de deuda ajena”.

La Sala ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Foro de Izquierda-Los Verdes, revocando de esta forma el auto de 5 de julio de 2019 que lo había desestimado. La Audiencia Provincial considera que la investigación penal debe seguir adelante, para comprobar “si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de partido político” o si, por el contrario, solo existe “el pago de deuda ajena”.


Archivo de la causa

La denuncia anónima presentada el 4 de junio de 2019 señalaba la presunta financiación ilegal del Partido Popular durante las primarias celebradas en el año 2017. En la misma, se aseguraba que el PP de Salamanca habría pedido un “impuesto revolucionario” a concejales y diputados salmantinos para financiar las cuotas de afiliados no abonados y que estos pudieran votar en el proceso electoral.

Nueve días después, el 13 de junio de 2019, el juez archivó la causa por los delitos de coacciones, financiación ilegal de partido político y de falsedad documental en documento oficial. Lo hizo al considerar que los hechos carecían de tipicidad penal y que el denunciante anónimo había “tergiversado los hechos para darles una apariencia delictiva”.

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