La Sala, que impone las costas a la organización apelante, respaldó al magistrado instructor y reprochó a la acción popular que solicite diligencias propias de una investigación prospectiva en contra de lo establecido en el auto del 8 de abril de la Audiencia que "dejó sumamente claro" cual era el objeto de la investigación y reclamaba que se evitase "una investigación prospectiva encaminada a la indagación genérica sobre la posible comisión por los denunciados de cualquier ilícito penal".
El auto, cargado de reproches a los apelantes, señala que no sólo se olvida de este pronunciamiento expreso sino que en su escrito en el que solicitaban nuevas diligencias pretendían abrir una causa general como el PP "a nivel nacional, con alusiones constantes a una supuesta caja B", dando por hecho que este procedimiento existe y "llegando así a un derecho penal de autor, en el que se parte de la base de que si alguien, en este caso un partido político, ha sido ya condenado o está siendo investigado por supuestos casos de corrupción, cualquier hecho que realice con posterioridad es de suyo sospechoso". En este, sentido, les acusa también de "violentar la presunción de inocencia" pretendiendo que el PP acredite que no se ha financiado con dinero irregular.
El tribunal critica también que no se aporten pruebas que justifiquen las acusaciones de haber violentado la libertad y el secreto de voto de los afiliados, que se recoge en el escrito de alegaciones y que se remitan a "cuestiones totalmente ajenas" a la causa y entren en "cuestiones estrictamente personales, que son inadmisibles en un escrito de contenido jurídico".
Asimismo, señala que "carece totalmente de sentido" que el recurso contenga fotografías de supuestos afiliados al PP y "afirmaciones gratuitas" acerca de la elaboración del censo electoral, así como "afirmaciones y expresiones claramente ofensivas hacia personas particulares, que exceden del legítimo ejercicio del derecho de defensa". "Tampoco son de recibo las insinuaciones a un supuesto trato de favor al PP por parte de los órganos jurisdiccionales o las alusiones a la vida privada del señor (Alfonso) Fernández Mañueco", que son -sostiene- "una clara infracción del derecho a la intimidad personal y familiar".
El Tribunal recordó que la investigación debe centrarse en determinar si las aportaciones voluntarias que realizaron altos cargos del partido se destinaron exactamente a cubrir las cuotas de los morosos, por lo que señala que la prueba decidida por el juzgado de Salamanca es "la procedente" para aclarar este extremo.
