La Diputación y el Ayuntamiento de Salamanca podrían cerrar el ejercicio de 2020 con una deuda con el Gobierno de España que estiman entre los 19 y 27 millones de euros (entre 14 y 20 la Corporación provincial y entre 5 y 7 la local). Así lo han apuntado este martes los portavoces del PP en el Consistorio y la Diputación salmantina, Fernando Rodríguez y Carlos García Sierra.
Se trata, han explicado, de una "deuda que las entidades locales habrán contraído con el Estado de manera automática por la liquidación negativa de la participación en ingresos del Estado de 2020" y que se prevé que alcance los 3.000 millones de euros en el conjunto de todas las entidades locales españolas. La liquidación definitiva no se conocerá hasta el último trimestre de este año, ha asegurado García Sierra, pero ante las previsiones de que sea negativa el Partido Popular va a presentar mociones en los plenos de la Diputación y el Ayuntamiento para instar al Gobierno a poner en marcha medidas que eliminen dicha deuda que "tendrá graves consecuencias sobre los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y conselles".
Entre las soluciones que propone el PP si se confirma dicha liquidación negativa, ha informado Rodríguez, se encuentra instar al Goberno de España "a condonar la deuda generada por al liquidación negativa de la PIE de 2020". Si esto no fuera posible, propone "exigir al Gobierno que aplace dos años la devolución de dicha deuda y posibilite el fraccionamiento del pago de la misma en diez años ampliables a otros diez", como ya se llevó a cabo en 2012 con las liquidaciones negativas de 2008 y 2009.
Rodríguez ha afirmado que es un frente más "de los que tenemos abiertos con el Gobierno de la nación". Así, ha aludido, al "incumplimiento" del fondo COVID de al menos 3.000 millones de euros para apoyar a las administraciones locales en su lucha contra la pandemia. Otro frente es "la reducción de su participación en la gestión de los fondos europeos de recuperación", que el PP califica de "un mísero 1%".
"Otro frente abierto es que trató de apropiarse de los ahorros de la entidades locales y sigue sin devolver los más de 700 millones que adeuda a las entidades locales" en concepto del IVA de 2017.
Un "ninguneo y abandono" , según el PP, al que ahora se une otro más. Esta actualización en 2020 de las entregas a cuenta que reciben las entidades locales por la participación en los tributos del Estado conforme "al crecimiento previsto de la economía y no al crecimiento real" provoca que las entidades locales "de manera automática y sin ninguna responsabilidad" contraigan una deuda de 3.000 millones con el Gobierno por esa liquidación negativa de la participación en tributos del Estado. Una deuda que deberá ser devuelta y que se conocerá en 2022; supondrá, según Rodríguez, "una diminución de los ingresos de las Corporaciones locales para 2023, que es cuando hará efecto esa liquidación negativa".
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