El Consejo de Cuentas inició las fiscalizaciones derivadas del impacto de la pandemia en los ayuntamientos de la Comunidad, de la mano de dos nuevos trabajos sobre el 'Análisis del impacto en los ingresos propios de las capitales de provincia de Castilla y León de la situación económica y normativa creada por el COVID-19', y sobre el 'Análisis de la aplicación de los recursos adicionales recibidos por las entidades locales como consecuencia de la COVID-19', ambas incluidas en el Plan Anual de Fiscalizaciones del presente ejercicio.
Con los trabajos iniciados este lunes, el Consejo de Cuentas anota 31 fiscalizaciones en marcha, mientras que otros 19 informes ya aprobados están pendientes de su presentación por parte del presidente en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León.
En el primer caso, el objetivo es comprobar las actuaciones, medidas y procedimientos llevados a cabo por las nueve capitales de provincia sobre sus tributos propios y otros ingresos de derecho público en el contexto y ámbito temporal de la pandemia, así como evaluar su impacto en la recaudación y financiación local.
Las actuaciones para este trabajo recaerán sobre las medidas adoptadas en el ejercicio 2020 y hasta el 30 de junio de 2021 para tratar de contrarrestar el impacto económico y social que la pandemia ha provocado tanto en las economías familiares como en el tejido empresarial.
En el segundo trabajo que ahora inicia el Consejo, el objetivo general es analizar los fondos que han recibido o tienen comprometidos y pendientes de recibir las entidades locales, distinguiendo entre las aprobadas por el Estado, la Comunidad Autónoma, las diputaciones y, en su caso, otras administraciones.
Así, el ámbito de la fiscalización recaerá sobre los municipios mayores de 20.000 habitantes de Castilla y León, y se comprobarán las distintas líneas de ayudas recibidas por las entidades locales o transferencias realizadas cuyo objetivo es lograr la recuperación económica, el empleo o la cohesión social tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Las actuaciones fiscalizadoras se centrarán en los recursos adicionales concedidos en el ejercicio 2020 y hasta el 30 de junio del presente año.
A fin de paliar los efectos de la pandemia el Estado ha creado varios fondos COVID para las comunidades autónomas. En Castilla y León, el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en la Comunidad suscrito el 17 de junio de 2020 incluye un Fondo Extraordinario COVID-19 en el que la mitad del mismo se ha de transferir a las Corporaciones Locales para actividades relacionadas con el empleo y la inversión.
Posteriormente, el 30 de julio la Junta de Castilla y León aprobó la concesión directa de una línea de subvenciones a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales mediante la creación de un segundo Fondo Extraordinario COVID-19.
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