"Pese al compromiso firmado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de poner fin a la pandemia de VIH para 2030 y no dejar a nadie atrás, gobiernos de todo el mundo están olvidando a millones de personas con sus legislaciones, sus políticas domésticas de salud o con sus programas de cooperación".
Es el comentario de la asociación Salud por Derecho, que ha promovido la campaña 'Nadie' denunciando a través de un nuevo informe que la financiación para la lucha contra el sida está en su nivel más bajo desde 2010. Una de las consecuencias es la disminución o la retirada de la ayuda internacional de los países que pasan a ser de renta media, donde vive entre el 60 y el 70% de las personas con VIH.
A nivel global, las poblaciones más afectadas por el VIH son los hombres que tienen sexo con otros hombres, las personas transgénero, las trabajadoras del sexo, los usuarios/as de drogas inyectables, la población reclusa o la población indígena, que tienen un riesgo entre 10 y 50 veces mayor de adquirir el VIH que el resto de los adultos. En 2015, fuera del África subsahariana, estas poblaciones clave y sus parejas sexuales representaron más del 80% de las nuevas infecciones por el VIH.
“El estigma y la discriminación social y política que enfrentan estas personas hace que la mayoría de los programas de prevención y apoyo dependan de la ayuda internacional”, asegura Vanessa López, directora de Salud por Derecho. “Además, el fin de estos recursos pone en peligro las actividades de muchas organizaciones sociales que cubren servicios esenciales de prevención, y sobre las que recae el trabajo legislativo para defender los derechos humanos de estas poblaciones. Tendrán que limitar o cerrar sus programas si el gobierno local no asegura su continuidad”.
Los países donantes y organismos de cooperación y financiación internacional están centrando sus prioridades en los países de rentas más bajas, bajo la premisa de que los países de rentas medias pueden asumir la lucha contra el sida con sus propios recursos. “Pero esto no siempre es así, y puede echar por tierra los grandes avances conseguidos en las últimas décadas”, aclara López. “Las decisiones de financiación basadas en la renta no tienen en cuenta otros factores determinantes como la capacidad técnica, la voluntad política de los gobiernos a la hora de aplicar recursos y políticas adecuadas para abordar el sida, o la situación política y legislativa de las poblaciones más vulnerables”.
España es uno de los países que ha recortado de forma drástica su financiación para el sida. Pese haber sido uno de los mayores donantes del Fondo Mundial durante la década pasada, y a pesar de que hay un acuerdo parlamentario para que aporte 100 millones de euros, el Gobierno tan solo ha firmado un convenio de conversión de deuda de 15 millones con tres países africanos y el Fondo Mundial, comentan.
Así, la campaña 'Nadie' pide a los países donantes y organismos internacionales, como el Fondo Mundial, que establezcan una ayuda coherente basada en nuevas realidades y en la justicia social, que apoyen a la sociedad civil como eje fundamental de la respuesta y que los procesos de salida de los países vayan acompañados de transiciones responsables, asegurando que los gobiernos asumirán su responsabilidad y cumplirán con los derechos humanos de toda su población, especialmente a las poblaciones más vulnerables que viven con VIH.
“Queremos conseguir que todos cumplan su papel en la lucha contra el sida. Si los gobiernos desaparecen, si los donantes desaparecen, si la sociedad civil desaparece, no podremos acabar con el sida. Es una responsabilidad compartida por todos: nadie puede desaparecer”, concluye López.
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