El próximo viernes el Ayuntamiento de Salamanca celebrará un pleno extraordinario para aprobar modificar 12 de las 100 Ordenanzas fiscales de que dispone nuestro consistorio. El resto, la concejala del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Díez, expone que se congelan: "De éstas sólo 5 actualizarán sus tarifas con un aumento del 8,7%: Agua y alcantarillado, Cementerios, Mercado Central, Estacionamiento y Depuración de aguas residuales".
Igualmente, Díez explica que "llama la atención, de entre todas, la subida que van a experimentar las tarifas la de agua, alcantarillado y depuración: un 8,7% con arreglo al IPC de un año. No es una cantidad que vaya a suponer un incremento exagerado de los recibos individuales. Pero éste se suma a otros incrementos de precio que se están sucediendo actualmente y que la ciudadanía no puede evitar: la luz, el gas, los alimentos, los alquileres".
De la misma manera, la concejala se pregunta si se podría evitar que los ciudadanos paguen esta subida del agua: "El Ayuntamiento recibe anualmente un canon de 4 millones de euros de la empresa que gestionan este servicio. Todos los años tenemos que recordar que de esa cantidad, solo una parte, en torno al millón y medio de euros, se destina a la renovación de redes de agua". En este sentido, Díez denunca que el equipo de Gobierno destina ese dinero al pago de otros proyectos del Ayuntamiento "que nada tienen que ver con el agua". La concejala añade a esto que "los salmantinos estamos pagando no solo el coste del agua que consumimos sino también otros servicios y proyectos de otra índole".
Del mismo modo, Díez asegura que no repercutir el IPC a las tarifas de agua, alcantarillado y depuración en 2023 supondría para el ayuntamiento dejar de recaudar 1,7 millones de euros. Sin embargo, apunta que el Consistorio "con lo que recauda del canon, 4 millones, hay dinero de sobra para que se haga cargo de esta subida y con ello proporcionar un cierto respiro a las familias de Salamanca. Y el resto dedicarlo a la renovación de redes que buena falta hace".
“Presentaremos alegaciones a la propuesta municipal en el periodo de exposición pública que se abrirá tras la aprobación del pleno del viernes”, señala Carmen Díez. “Animamos a la gente a que haga lo mismo. No es de recibo que en las épocas que vienen mal dadas paguemos los de siempre".
En el pleno, la concejala del Grupo Mixto pedirá, además, que se supriman las fianzas obligatorias que impone esta Ordenanza al darse de alta en el servicio. "Fianzas que no se devuelven hasta que el usuario se da de baja. Es absurdo obligar a una Comunidad de Vecinos a que haga una fianza para poder acceder al agua. Por ejemplo, una comunidad de 100 vecinos tiene que depositar 1.556€ que le devolverán cuando la comunidad deje de existir, lo cual no ocurre. Y mientras la empresa Aqualia, dispone de todas esas fianzas en depósito. Podemos calcula que en torno a 3 millones de euros de los salmantinos están siendo retenidos de forma no justificada en las cuentas de la empresa".
Por último, Carmen Díez expone que "tenemos que pararnos a pensar en los privilegios de que está disfrutando esta empresa con la que el Ayuntamiento firmó un contrato en 1997 que teóricamente vencía en 2014 pero que ya ha conseguido que se prolongue hasta 2031. Hay que replantearse el asunto del agua, que es de todos, y nunca puede ser un negocio. En este caso, para la empresa y para el Ayuntamiento, a costa de la ciudad.
