Castilla y León recibe casi 900 millones del Gobierno para hacer frente a la pandemia, insuficiente para la Junta

"Los criterios fijados por el Ejecutivo central no están relacionados con el impacto de la enfermedad en cada territorio"

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 Desinfectan a un trabajador de una residencia.
Desinfectan a un trabajador de una residencia.

Castilla y León ha recibido del Gobierno casi 900 millones de euros del Fondo COVID-19 y de otras cuantías no previstas a lo largo del año, si bien un importe calificado de insuficiente por la Junta ya que para garantizar la suficiencia financiera y el funcionamiento de los servicios esenciales, entre marzo y diciembre de 2020, ha autorizado modificaciones de crédito por un valor de 1.575.221.214 euros.

En concreto de los 16.000 millones del Fondo COVID-19 creado por el Gobierno, la Junta de Castilla y León ha contado con 843 millones en 2020 a través de los cuatro tramos de reparto acordados, de ellos 544 millones (349 en julio y 185 en noviembre) del primero y segundo tramo de los 9.000 millones previstos para sanidad; 84 millones en septiembre del tercer tramo social educación dotado con 2.000 millones y 214 millones en diciembre del cuarto tramo económico de 5.000 millones.

Además de lo previsto en ese fondo, a lo largo de 2020 se han recibido otras cuantías procedentes del Gobierno de España, no previstas a principios de año, relacionadas con el COVID, en distintos ámbitos sectoriales, que suman otros 46,5 millones, según la información facilitada por la Consejería de Economía y Hacienda al Grupo Socialista de las Cortes, conocida por Ical.

Según la Junta, la cuantía del Fondo COVID evidencia que los criterios fijados por el Gobierno no están relacionados con el impacto de la enfermedad en cada territorio y que, en el caso de Castilla y León, es inferior al que hubiera correspondido de acuerdo a un reparto con los criterios del sistema de Financiación Autonómica.

El reparto, explica el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha beneficiado a las comunidades con población más joven, con metro, trenes de cercanía y con más PIB en detrimento de las comunidades con menos densidad de población, y con población más envejecida, entre las que se encuentra Castilla y León.

En cuanto al destino específico, explica Economía que el el fondo “tiene por finalidad financiar las necesidades presupuestarias derivadas de la crisis del COVID-19” y que “las transferencias realizadas con cargo a esta dotación no tendrán carácter condicionado”. Así, detalla que casi 700 millones han ido a la Gerencia Regional de Salud y Consejería de Sanidad, 15,5 a la Consejería de Educación y 26,9 a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Por otro lado, informa que se han recibido a lo largo de 2020 otras cuantías procedentes del Gobierno de España no previstas a principios de año, relacionadas con el COVID, en distintos ámbitos sectoriales, que suman otros 46,5 millones, de los que 17,2 millones corresponden a Sanidad, 19,3 a Familia, 5,4 a Fomento, 2,1 a Educación y 2,6 a Agricultura y Ganadería.

Sin embargo, la Junta valora que estas cuantías recibidas del Gobierno de España, además de no atender en su distribución a criterios de justicia y equidad, se han revelado insuficientes para cubrir todas las nuevas necesidades presupuestarias generadas por la pandemia.

En tal sentido, detalla que, para poder asegurar la suficiencia financiera que permitiera el funcionamiento de los servicios esenciales y disponer de recursos específicos para hacer frente a las nuevas necesidades, se han priorizado las modificaciones de crédito necesarias para dar cobertura a las necesidades de gasto más urgentes vinculadas con la crisis del coronavirus.

A título de ejemplo, el importe de todas las generaciones autorizadas en el presupuesto de 2020 desde el 14 de marzo a 31 de diciembre de 2020 asciende a 1.575.221.214,33 euros, precisa el departamento de Fernández Carriedo.

Concluye que el reparto del Fondo COVID por parte del Gobierno destina a Castilla y León menos recursos de los que hubiera correspondido “con el ya contrario a los intereses” de la Comunidad como el sistema de financiación autonómica que no cubre el gasto de las tres consejerías sociales (Sanidad, Educación y Familia).

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