Los secretarios autonómicos de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, anunciaron hoy movilizaciones sostenidas los días 11 de cada mes frente a la Delegación y las subdelegaciones del Gobierno, en la Comunidad para exigir al Ejecutivo central, que cumpla sus compromisos para elevar el Salario Mínimo Interprofesional, derogue las reformas laborales y modifique desde el consenso el sistema de pensiones.
Los sindicatos retomarán así las protestas que iniciaron el pasado 11 de febrero dentro de la campaña nacional bajo el lema #AhoraSíToca, para impulsar la agenda sociolaboral, dentro del Diálogo Social con el Gobierno de coalición.
El próximo 11 de marzo saldrán así a la calle, a las 12.00 de la mañana, en las capitales de provincia y Ponferrada, para hacer un llamamiento al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que “atienda las demandas de los trabajadores”, dijo Faustino Temprano. “Las distintas mesas de Diálogo Social en España, no avanzan nada”, denunció, para afirmar que seguirán movilizándose hasta que “atienda” sus demandas.
El dirigente de UGT advirtió de que “sin acuerdos seguirán estando en la calle” y apuntó a que “existe mucho malestar no solo en la clase trabajadora sino en el conjunto de la sociedad y se pueden producir estallidos sociales sino nos escuchan”. Temprano puso en evidencia la “vergüenza” para España que suponen las “largas colas de gente que no tiene nada”, para exigir que se avance en un salario mínimo vital.
“Pedimos al Gobierno que hable menos y haga más”, dijo, para poner de relieve que los dirigentes gubernamentales asumen en los medios que subirán el SMI, derogarán las reformas laborales, impulsarán un nuevo estatuto de los trabajadores y establecerán un salario mínimo vital “pero no lo plasman en ninguna mesa de negociación”. “Los compromisos de PSOE y Unidas Podemos, que adquirieron en el acuerdo de gobernabilidad, no se llevan a la práctica y deben llevarse al BOE, porque el objetivo principal es no dejar atrás a nadie”, dijo.
El secretario de UGT también hizo un llamamiento a los empresarios porque “no quieren cabiar nada” pero “no pueden mirar para otro lado” y deben “reforzar” la negociación colectiva con subidas salariales dignas. Asimismo, también exigió a la Junta nuevas políticas de empleo, con ayudas a los trabajadores en regulación de empleo y ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis generada por la pandemia. “Es urgente llegar a acuerdos con los agentes del Diálogo Social, para que cuanto antes lleguen las ayudas a las familias y personas”, dijo.
Vicente Andrés puso de relieve que tiene que pedir otra vez “lo mismo que hace un mes”, la “inmediata” puesta en marcha o conclusión de las mesas de negociación para que el Gobierno “cumpla con sus compromisos” sobre mercado de trabajo, pensiones y SMI. Al respecto, advirtió de que "es vital configurar un modelo de salida de crisis con esos acuerdos" para que no ocurra lo mismo que en la anterior crisis y acaben pagando los mismo, los trabajadores.
El secretario de CCOO apeló a llegar al 60 por ciento de salario medio europeo, 1.200 euros, para “cumplir” con la UE y beneficiar a 1,5 millones de trabajadores que están sujetos al SMI, en un momento de previsión de crecimiento económico. “Seremos el país con más crecimiento y hay que cumplir con los salarios”, dijo. Andrés puso de relieve que sin esa medida se producirá una “ola de pobreza” que llegará a los hogares.
El líder de CCOO en la Comunidad exigió también la derogación de la “nefasta” reforma laboral de 2012, que se puso en marcha para “empobrecer” a los trabajadores, y apeló a una legislación laboral “acorde” con la situación actual y los nuevos retos, como el teletrabajo.
Asimismo, Vicente Andrés pidió trabajar contra la economía sumergida, que constituye uno de los elementos “más perniciosos” para un país, en un momento en el que se han perdido miles de empleos que carecen de sistemas de protección y acabarán en las “colas del hambre”.
Por último, reclamó la eliminación de la reforma de las pensiones de 2013 y apeló a un nuevo acuerdo sobre el futuro del sistema, inyectando fondos públicos, para dotar a los ciudadanos de tranquilidad sobre su futuro. Al respecto, rechazó el factor de sostenibilidad y la extensión de la base de 25 a 35 años, porque constituye un “disparate” e impactaría de lleno en la economía de autonomías como Castilla y León, donde el ratio de pensionistas es del 25 por ciento de la población, cinco puntos por encima de la media. “Hay que dar tranquilidad y sosiego sobre su futuro”, concluyó.
