Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores, por lo que los sindicatos Comisiones Obreras y UGT reivindican el envejecimiento activo para las personas mayores, “rompiendo los estereotipos que con ellos se relacionan, como la dependencia y la carga familiar, es imprescindible la implantación de políticas públicas que permitan una promoción de la salud y la atención socio-sanitaria pues éstas afectan de forma directa al deterioro de la salud y las capacidades autónomas de las personas mayores”.
De esta manera, el Sindicato Provincial de Pensionistas y Jubilados de CCOO realizará diversas actuaciones encaminadas a explicar sus reclamaciones en materia de los derechos de los mayores. Las actividades comenzarán a las 10:30 horas con la entrega del manifiesto a los distintos Grupos Políticos Municipales en el Ayuntamiento de Salamanca.
A las 11:30 horas colocarán una mesa informativa en la plaza del Liceo y ya a las 13:30 horas entregarán el manifiesto a la subdelegada del Gobierno en Salamanca en la plaza de la Constitución.
Reivindicaciones de los sindicatos para las personas mayores
“1. Que se potencie los sistemas públicos de salud, dependencia y servicios sociales pues son elementos esenciales para lograr envejecer en condiciones saludables y con autonomía. Pero es que además son instrumentos para luchar contra la desigualdad en todas las etapas de la vida, abordando las diferencias territoriales existentes así como la cobertura de servicios y recursos destinados para las personas mayores.
2. El Sistema Público de Salud constituye, sin lugar a dudas, una de las herramientas de intervención pública más relevantes a la hora de asegurar condiciones de vida saludables. Por ello, debe superarse la insuficiencia en los recursos materiales y humanos destinados a este sistema, así como promoverse cambios en el modelo sanitario que sitúen a la persona en el centro del sistema. Esto supone un impulso de la Atención Primaria, que acerque los servicios sanitarios a la población mayor y sus necesidades, a la vez que se promuevan actividades educativas preventivas, con más médicos geriatras y eliminando los copagos sanitarios.
3. No se puede demorar por más tiempo el poner los medios económicos necesarios para fortalecer el sistema de atención a la dependencia garantizando la atención efectiva. En muchas comunidades autónomas el sistema se ha recuperado (mínima reducción de la lista de espera, incremento de las personas pendientes de valoración, crecimiento de las prestaciones económicas de cuidado familiar y vinculadas a un servicio en lugar de prestaciones de servicios concertados, etcétera), pero sobre la base de los recursos del nivel autonómico, sin que el Estado central haya revertido los recortes realizados en 2012. Para que la recuperación se produzca en términos de suficiencia y calidad en la atención, la financiación estatal es imprescindible.
4. Que se llegue a un acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo para que, sobre la base del diálogo y el acuerdo social y político amplio, se pongan en marcha las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del SPP en el presente y futuro, que se recupere el índice de revalorización de las pensiones y que sea pactada en el marco del Diálogo Social que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones durante todo el periodo de percepción.
5. Es necesario abordar las desigualdades a lo largo de todas las etapas de la vida. Las políticas públicas deben garantizar el ejercicio efectivo de los derechos a la vez que promover la redistribución de la riqueza, pues existe margen para mejorar la contribución fiscal, así como para conseguir un sistema fiscal más justo, en el que haya un reparto más equilibrado de los esfuerzos, sin ello, las desigualdades económicas y sociales experimentadas a lo largo de la vida se trasladan a la vejez, como sucede con las brechas de género en el trabajo, cuidado y pensiones.
6. Que las políticas sociales cumplan su objetivo final, cual es el de ayudar a los colectivos más necesitados y cubrir sus necesidades básicas: social, alimentación, sanidad y vivienda entre otras. Seguimos constatando que, en demasiadas ocasiones, estas medidas se toman unilateralmente, sin contar con los Sindicatos, legítimos representantes de los trabajadores y de los pensionistas. Por lo que, desde nuestro punto de vista, entendemos, que por esta causa, tanto la reforma laboral como la reforma de las pensiones del 2013 han sido un fracaso, que está afectando de lleno a estos colectivos.
España ha recuperado el volumen de PIB previo a la crisis, y sin embargo el reparto de esa riqueza es muy desigual pues hay 1,5 millones de personas paradas que están excluidas del sistema de protección por desempleo, un altísimo nivel de desprotección que genera pobreza y exclusión social que debe ser combatido, entre otras medidas, implantando una renta mínima en el conjunto del Estado, más cuando los sindicatos hemos impulsado una Iniciativa Legislativa Popular para implantar una prestación de ingresos mínimos que tiene como finalidad proteger a todas las personas que hoy están excluidos de la cobertura por desempleo.
Por todo ello, si no se tienen en cuenta nuestras propuestas en el desarrollo de políticas públicas y con una mayor dotación de recursos para la mejora del sistema de salud y dependencia, la financiación de las pensiones, la aplicación transversal de la perspectiva de género y el replanteamiento del sistema productivo y fiscal, los pensionistas y jubilados con el conjunto de la sociedad organizada nos seguiremos movilizando hasta conseguirlo.”
