Según recoge la agencia Ical, Castilla y León vigilará este año que el sector del transporte cumple con la prohibición de que los conductores realicen las labores de carga y descarga, salvo en aquellos casos en los que esté justificado. También mantendrá la lucha contra la morosidad e incorpora las actuaciones sobre el control de precios en los contratos, para impedir que se trabaje a pérdidas, con el fin de que se cubran los gastos de los operadores, como pedían en las movilizaciones del pasado año.
Estas son las principales novedades del Plan de Inspección de Transporte por Carretera de Castilla y León para 2023, consultado por Ical y elaborado por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Su objetivo fundamental es garantizar la seguridad y calidad del servicio, así como la libre competencia en el sector, para lo que combatirá la economía sumergida y la competencia desleal.
Movilidad impulsa la digitalización con distintas actuaciones. Así, espera que al final del primer trimestre, en unas semanas, se culmine el proceso de integración en la aplicación informática única a nivel nacional que permite la tramitación de los expedientes sancionadores de todas las comunidades. A lo largo de 2022 se se avanzó hasta alcanzar más de un 90 por ciento.
Además, la Consejería se marca para ese año más avances con la adquisición de nuevas básculas móviles de pesaje inalámbricas y ‘tablets’ de última generación para su uso por parte de los servicios de Inspección de la Junta. Para ello, utilizará los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
También logró la completa implantación en Castilla y León de la utilización de las tarjetas de crédito como sistema de pago de sanciones en carretera, lo que ha significado una simplificación y mejora de los procedimientos. En 2022 se facilitaron 30 datáfonos a la Guardia Civil, tras la incorporación de otras diez unidades en 2021. Además, se renovaron los equipos informáticos portátiles necesarios en las unidades móviles de pesaje.
Desde finales de 2017 se dispone de conexión con la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que permite acceder directamente a las modalidades de contratación de los conductores, con lo que se facilitará una mayor información a la Inspección de Trabajo de posibles situaciones irregulares. Además, los centros que imparten cursos CAP disponen desde el 1 de marzo de 2021 del sistema de control biométrico digital, lo que facilitará este tipo de inspecciones este año.
Asimismo, Movilidad reconoce que la puesta en funcionamiento en 2022 del Sistema de Información del Mercado Interior ha contribuido de manera eficaz al control de la declaración de desplazamiento de los conductores, cumpliendo así con las indicaciones del ‘Paquete de Movilidad’.
De hecho, el objetivo prioritario para el año 2023 es el control del transporte realizado por no residentes, ya sea éste de carácter internacional o interior (transporte de cabotaje). De hecho, Movilidad recuerda que las nuevas medidas contenidas en el Paquete de Movilidad, aprobado por el Parlamento Europeo, inciden en el control de las empresas deslocalizadas y del fenómeno del ‘dumping’ social, favoreciendo un transporte “más justo y competitivo” y permitiendo un control más uniforme y efectivo en toda la Unión Europea.
También se extremarán las inspecciones y controles en el transporte público de viajeros, para que se cumpla con la normativa de accesibilidad vigente, en beneficio de las personas con discapacidad o con dificultades de movilidad. Así se actuará en las rutas y autobuses para garantizar la plena accesibilidad de los usuarios. En cuanto a los controles en empresas sobre los tiempos de trabajo, para el año 2023 se ha plantado la lectura de 117.177 jornadas de conductores profesionales. Así, se inspeccionarían los CIF pares por parte de las comunidades y los impares por el Estado.
17.180 denuncias y 28.952 actuaciones
La Consejería que dirige María González Corral busca con el nuevo plan una “inspección reeducadora”, que logre el “saneamiento de las malas prácticas” ya que deterioran los precios del mercado, puesto que tratan de reducir costes de manera “fraudulenta”. Además, cree que es preciso erradicar estos comportamientos para contribuir también al objetivo de seguridad vial en las carreteras de la Comunidad.
Durante 2022, se contabilizaron un total de 17.180 denuncias, tanto en inspecciones a empresas como en carretera, de las cuales, el mayor porcentaje se correspondieron con los tiempos de conducción y descanso, ya que representaron el 81,89 por ciento. Además, los servicios de inspección de la Junta y los agentes de la Guardia Civil de Tráfico llevaron a cabo 28.952 controles y visitas.
