Los conductores españoles pagarán este año unos 3.800 millones de euros en concepto del Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el también llamado impuesto de circulación o 'numerito', que pagan los propietarios de los vehículos, desde un ciclomotor hasta un camión de gran tonelaje.
Casi el 40% de los coches de empresa en España se matricula en siete municipios "paraísos fiscales".
Según un informe sobre fiscalidad municipal elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en breve unos 36,4 millones de propietarios tendrán que afrontar el pago de esta tasa, utilicen o no sus vehículos.
En este sentido, AEA ha indicado que continúan existiendo grandes diferencias en las tarifas a pagar en los distintos ayuntamientos españoles, "lo cual explica el fenómeno de la matriculación de vehículos en verdaderos paraísos fiscales".
En concreto, siete pequeños ayuntamientos matriculan cerca del 40% del total de coches de empresa de toda España por su privilegiado tratamiento fiscal: Colmenar de Arroyo, Robledo de Chavela, Moralzarzal, Venturada, Las Rozas de Puerto real y Brunete, en Madrid, así como Rajadell, en Barcelona.
"Resulta especialmente llamativo el caso de CastielFabib, pequeño municipio valenciano en el que a pesar de la crisis y de haber reducido su población en siete vecinos, ha triplicado el número de vehículos de empresa matriculados en 2020 respecto del año anterior, pasando de 768 a 2.688 unidades", ha señalado AEA.
El impuesto de circulación se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos, y en relación al peso y al número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, respectivamente, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción de los territorios del País Vasco y Navarra.
De las 52 capitales de provincia, solo tres han bajado el impuesto, entre un 1% y un 4% (Córdoba, Teruel y Toledo). El resto mantienen las tarifas del año pasado, teniendo en cuenta que 12 municipios vienen aplicando desde hace años el máximo que permite la ley. Entre los ayuntamientos más caros se encuentran San Sebastián, Vitoria, Bilbao, Castellón, Tarragona, Barcelona, Palma, Ciudad Real, Valladolid, Huelva o Granada.
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