El Congreso ha convalidado este martes el Real Decreto Ley de subida de pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo por el que se revalorizan todas las pensiones un 1,6% y las mínimas un 3% y por el que se aprueba la subida del 1,25% de la base mínima de los autónomos, que ya entró en vigor el pasado 1 de enero.
Concretamente, el Real Decreto ha salido adelante con los 180 votos a favor de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu, Coalición Canaria, y con las 164 abstenciones de Cs y PP. Además, también se ha aprobado su tramitación como Proyecto de Ley por procedimiento de urgencia.
Aunque durante la fijación de posturas en el debate, el diputado Cs Sergio del Campo ha afirmado que su grupo "iba a votar a favor, pero con la nariz tapada" -porque había cosas con las que estaban de acuerdo, pero otras con las que estaban en contra-, finalmente la formación naranja se ha abstenido en la votación.
Durante el debate de convalidación del decreto de pensiones en el pleno del Congreso, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha afirmado que esta es una norma que incluye medidas "de suma trascendencia" para los pensionistas y trabajadores de España, cuya situación va a mejorar en términos cuantitativos y cualitativos.
Así, la ministra ha dejado claro que en materia de Seguridad Social el objetivo de este decreto es "avanzar en la mejora de los desequilibrios entre los ingresos y gastos".
En el turno de réplica, Valerio, que ha tenido un encontronazo con el diputado Grupo Parlamentario Popular Carlos Floriano, le ha recordado que sin este Real Decreto la subida de pensiones, a pesar de haberse prorrogado los Presupuestos del PP, no se habría garantizado a 1 de enero de este año.
Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular ha afirmado que la acción política del Gobierno ha sido "una desvergüenza". Bajo su punto de vista, es "lamentable" que se haya mezclado la subida de las pensiones con la eliminación de las bonificaciones a la contratación de jóvenes.
"Es de vergüenza que su mejor política sea penalizar los elementos que facilitan la contratación de los más jóvenes", ha dejado claro Floriano en el hemiciclo, donde también ha asegurado que "no hay peor ataque al sistema de pensiones que hacer que el empleo se vea perjudicado".
No obstante, la ministra ha afirmado que el Ejecutivo ha pedido un informe de valoración de toda la política de bonificaciones a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). También ha hecho hincapié en que el Gobierno está trabajando mucho para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social, "porque el PP las dejó hechas un desastre".
Posteriormente, en un encuentro con los medios, Floriano ha vuelto a recriminar que el Gobierno haya intentado parar "una parte de la política de empleo del PP usando a los pensionistas para que no hubiese más remedio que votar a favor de este Real Decreto".
En esta línea, ha apostillado que esta norma no era necesaria porque la subida de las pensiones estaba garantizada en los Presupuestos de 2018 y estos han sido prorrogados. Sin embargo, ha afirmado que la subida de las mínimas hubiesen estado excluidas.
Algunas de las medidas incluidas
Además de la subida de todas las pensiones y de la subida de la pensión mínima, la norma también recoge el aumento de cuatro puntos del porcentaje de la base reguladora para el cálculo de la pensión de viudedad, que se suma a la mejora de los cuatro puntos aprobada en julio.
En este Real Decreto, según lo acordado con las organizaciones de autónomos, se contempla que el tipo de cotización pasa a ser del 30%, con lo que los autónomos personas físicas tendrán que pagar 5,36 euros más al mes (64 euros más al año) de lo que pagan actualmente, aunque a cambio recibirán una mayor protección.
Para acomodar la subida de tipos y bases se pactó incrementar el tipo de cotización de manera escalonada, de la siguiente manera: en 2019 será del 30%, en 2020 se elevará el 30,3% y en 2021 escalará al 30,6%. En 2022 el tipo será el fijado de forma definitiva.
No obstante, este régimen de cotización de los trabajadores por cuenta propia tiene un carácter provisional y está previsto sustituirlo en 2019 por un sistema de cotización basado en los ingresos reales. También se ha reducido el periodo transitorio para la puesta en marcha de este sistema. El Gobierno prevé que esté en marcha a partir del 1 de enero de 2021.
Asimismo, se ha incorporado un nuevo tipo de infracción grave para prevenir la posible utilización de la figura del falso autónomo. Las sanciones oscilarán entre 3.126 euros de mínimo y 10.000 euros de máximo.
Los contratos de duración igual o inferior a 5 años pasarán a tener un recargo sobre la cuota empresarial del 40%, frente al 36% actual.
Asimismo, se mantiene la reducción del 20% en las cotizaciones por las personas que trabajan al servicio del hogar, así como la bonificación de hasta el 45% si es familia numerosa.
La subida de cotización conlleva mejoras en la protección de los autónomos, ya que se mejora el acceso a la prestación por cese de actividad (paro), flexibilizando los requisitos actuales y ampliando la duración de la prestación.
Asimismo, en virtud del acuerdo alcanzado, los autónomos tendrán derecho a cobrar la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja, y todos los trabajadores por cuenta propia podrán acceder a la formación continua y al reciclaje profesional.
Además, los autónomos no pagarán la cuota de Seguridad Social a partir del segundo mes de baja por enfermedad o incapacidad temporal hasta el momento del alta y las mujeres autónomas, dentro de los 24 meses posteriores a la prestación de baja por maternidad, disfrutarán de una tarifa plana de 60 euros al mes durante 12 meses sin necesidad de cesar previamente en su actividad.
En cuanto a la tarifa plana actual de 50 euros al mes, ésta subirá hasta los 60 euros al mes, manteniéndose tras los 12 primeros meses las bonificaciones posteriores actuales de la tarifa plana. Los beneficiarios de la misma tendrán acceso a los mismos derechos y prestaciones.
También se contempla en el texto que cuando se cumpla la condición de trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE) sea obligatorio comunicarlo a la Tesorería General de la Seguridad Social.
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