El Consejo de la Juventud de Castilla y León denuncia que la Junta “genera una brecha” entre los menores al exigir un test de antígenos o PCR a los participantes en campamentos

Las familias, o en su defecto, la entidad que organice la actividad, tiene que hacerse cargo del coste de las pruebas

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 Jóvenes en un campamento de verano
Jóvenes en un campamento de verano

El Consejo de la Juventud de Castilla y León ha denunciado que la Junta “genera una brecha entre los menores, creando grupos de primera y de segunda”, al establecer en la ‘Guía para la realización de las actividades juveniles de tiempo libre’ (publicada por el Instituto de la Juventud de Castilla y León) la obligatoriedad de que las personas participantes en actividades al aire libre, aporten una prueba negativa de antígenos o PCR negativa con antelación no superior a las 72 horas, teniendo que hacerse cargo de dicho coste las familias de los menores o, en su defecto, la entidad que organice la actividad. 

Según han apuntado en un comunicado, desde la Junta de Castilla y León, están realizando la prueba de manera gratuita a aquellos niños y jóvenes que participan en los campamentos de verano ‘Red activa 2021’, evitando así el gran coste que supone para las familias de los menores que participan o para las empresas que ejecutan los campamentos y “siendo esta una gran iniciativa”.

No obstante, lamentan que “no ha sucedido lo mismo con las actividades de aire libre organizadas por las entidades juveniles de la Comunidad, creando así una gran brecha entre las familias de los menores y las entidades juveniles”. Es por ello, que desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León (CJCyL) y la Asociación de Entidades de Servicios de Ocio Educativo y Tiempo Libre (ESOTIL), solicitan que se tenga en consideración a los menores y jóvenes que participan en las actividades de aire libre que realizan las entidades juveniles de educación no formal en el periodo estival, para la realización de dichas pruebas de antígenos o PCR de manera gratuita.

A su juicio, esa medida “supone un menoscabo en el acceso a estas actividades por parte de niños de entornos vulnerables, que son quienes más la necesitan, y una barrera adicional para las entidades juveniles para la cual no se han planteado ayudas directas”.

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