Un mes después del traslado del Juzgado de Menores a su nueva ubicación, la séptima planta del edificio situado en el paseo del Doctor Torres Villarroel, 21-25, sindicatos como CSIF continúan informando del malestar de los funcionarios por las condiciones de las instalaciones: "El espacio destinado a las oficinas del juzgado y la sala de vistas son pequeños para las necesidades de un juzgado de estas características, un juzgado del orden jurisdiccional penal que trata con menores (infractores y víctimas)".
A los funcionarios también les preocupa no garantizar la necesaria separación de los menores y las víctimas y que se produzcan situaciones indeseadas. "Es necesario tener en cuenta que el acceder a la sala de vistas, que se encuentra junto a las oficinas del juzgado, implica el tránsito de menores infractores, víctimas, testigos, familiares de los menores y el resto de personas que intervienen en juicios de estas características, por lo que, para un correcto funcionamiento del juzgado, la sala de vistas debería situarse fuera del espacio destinado a las oficinas", mantienen desde los sindicatos.
A esto hay que añadir, que el edificio alberga oficinas de otra administración, la Unidad de Carreteras del Estado en Salamanca, y está previsto el traslado de la Confederación Hidrográfica del Duero. "Por esa razón, entendemos que resulta inapropiado escoger como ubicación de un órgano judicial de la jurisdicción penal, con un contacto tan estrecho con menores, un edifico por donde transitan personas que ni siquiera acuden a otras dependencias judiciales, sino a dependencias administrativas. Difícilmente puede salvaguardase la protección de la intimidad de los menores y evitar su estigmatización, compartiendo unos espacios comunes bastante pequeños como son los del mencionado edificio", añaden.
Asimismo, señalan que un ascensor no está en funcionamiento y que otro está siendo objeto de reformas, lo que dificulta el acceso de los trabajadores de este juzgado de la séptima planta. "Según el Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, en lo relativo a la Administración de Justicia se garantizará la accesibilidad universal y la prestación de apoyos que sean necesarios en las oficinas públicas, los dispositivos, los servicios de atención y participación del ciudadano", concluyen.
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