El control de los patrimonios de personas físicas requiere el uso de sofisticadas herramientas de análisis para investigar y comprender complejos entramados financieros y societarios. Con las herramientas preexistentes, en los últimos cinco años, a título de ejemplo, la Agencia Tributaria ha liquidado deuda tributaria por un importe superior a los 400 millones de euros a personas físicas con patrimonios de más de 10 millones de euros.
La Agencia prevé dar ahora un salto cualitativo en el control patrimonial, a partir de nuevas herramientas informáticas ad hoc que faciliten el análisis de riesgo y las inspecciones sobre estos grandes patrimonios, analizando las alteraciones patrimoniales y trasvases de rentas efectuadas a partir de técnicas agresivas de planificación fiscal, el uso de sociedades interpuestas para encauzar retribuciones personales, las manifestaciones de capacidad económica inconsistentes con las bases imponibles declaradas en el IRPF y la disponibilidad de activos en el exterior.
Además, en 2017 se desarrollarán actuaciones de control a partir de la información obtenida en el marco del Acuerdo FATCA sobre residentes españoles titulares de cuentas en Estados Unidos y, a finales de año, a través del modelo CRS, se sumará la información de cuentas procedente de 54 jurisdicciones fiscales, existiendo el mismo compromiso a partir de 2018 por parte de otras 47 jurisdicciones.
Investigación patrimonial apoyada en el 720 y el 750
Esta información irá nutriendo las bases de datos de la Agencia, reforzando la ya notable mejora de los procesos de análisis patrimonial, detección de riesgos fiscales y ensanchamiento de bases imponibles que está suponiendo la información obtenida a través de la Declaración Tributaria Especial -modelo 750- y la Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero -modelo 720-.
En particular, se prestará especial atención a la explotación de información sobre transacciones con territorios de baja tributación, comunicaciones espontáneas procedentes de terceros estados, estructuras opacas con componente internacional y localizaciones ficticias de residencias fiscales en el extranjero, sumado todo ello al análisis patrimonial derivado de los modelos 720 y 750, y del resto de información de contraste disponible relativa a contribuyentes que presenten indicios de ocultación.
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