La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Castilla y León ha denunciado “la reiterada actitud de la Junta, empeñada en saltarse la legalidad existente sobre la gestión de la modificación de las condiciones laborales de los empleados públicos de la administración regional, otorgando al Diálogo Social unas competencias que no tiene, y marginando a la primera organización sindical con representación entre los empleados públicos del ámbito regional, como es CSIF”.
Lo hace como consecuencia de la decisión de la Junta de crear un órgano colegiado para velar por el desarrollo del nuevo proyecto de ley de 'Medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León’, que el Gobierno regional pretende establecer.
Sin entrar a valorar el contenido de las medidas, la "indignación" de la organización sindical independiente viene porque "una vez más, la Junta trata de llevar los cambios de condiciones laborales de los empleados públicos de la Junta al ámbito del Diálogo Social, un foro en el que sólo están los dos sindicatos de clase y la patronal de empresa privada”.
“Como ya hemos dicho en otras ocasiones, no vamos a permitir que los asuntos que son competencias de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, como los cambios o mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores públicos de la Junta, se negocien en otro ámbito diferente, que no tiene competencias para hacerlo”, explica CSIF.
Este sindicato recuerda a la Junta que “no podrá aprobar ninguna medida, que afecte a las condiciones laborales de los empleados públicos de la administración regional, que no se negocie y se acepte en la Mesa General de Negociación”, instándole al Gobierno regional a que deje de excluirle en las decisiones que afecten a los empleados públicos. CSIF remarca que el Diálogo Social “podrá negociar las medidas que quiera en el ámbito de la empresa privada, pero no en el de los empleados públicos”.
