La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado ha dirigido a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, una batería de propuestas de cara a la elaboración a los presupuestos correspondientes al año 2023.
El pasado día 13 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado la orden por la que se dictan las normas para preparar los próximos presupuestos y los órganos y entidades que forman parte del sector público deben remitir sus cuentas antes del próximo 30 de junio. En este sentido, de manera formal, CSIF ha reclamado por escrito que se habilite un crédito específico para actualizar los sueldos públicos para compensar la subida de los precios que se registre en 2022.
CSIF lamenta el último resultado del IPC y la poca eficacia de las medias puestas en marcha hasta el momento para contener la inflación, lo que está provocando el empobrecimiento de miles de familias españolas. Desde nuestro sindicato entendemos que la salida a esta situación no debe ser a costa de los salarios de lo trabajadores, ni del sector privado, ni de nuestras administraciones públicas, que también exigen una actualización.
En este sentido, CSIF reclama un calendario de negociación que permita la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos 12 años (desde la bajada de sueldo de 2010) a través de un acuerdo plurianual.
Las propuestas de CSIF también van dirigidas a la equiparación salarial entre administraciones, la homologación retributiva del personal laboral en el Exterior, la actualización de las cuantías por razón de servicio (alojamiento, manutención o uso del vehículo particular), así como la actualización de las indemnizaciones por residencia.
Finalmente, las propuestas de CSIF también reclaman mejoras en materia de la promoción interna (con carácter excepcional y por una sola vez mediante el concurso de méritos), la eliminación de la tasa de reposición y garantizar la jornada de 35 horas en el conjunto de las administraciones públicas.
