La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) espera que los tribunales den la razón a los aproximadamente 850 agentes medioambientales de la Comunidad, que reclaman a la Junta la realización de concursos de traslados, “que no se convocan desde hace 9 años para este cuerpo especializado, en contra de la normativa existente y de todos los principios y buenas prácticas de conciliación de la vida laboral con la familiar y personal, que la propia administración a veces propugna”.
El presidente autonómico del sector de la Administración de la Junta de Castilla y León, Mariano Prieto, ha señalado que “la pasividad de la administración regional nos ha llevado a tener que acudir por primera vez a los tribunales, concretamente al contencioso-administrativo, cuando lo lógico hubiera sido celebrar el concurso de traslados, como se hace con tantos otros colectivos de la administración general”. La vista del juicio se celebrará el 14 de diciembre en Valladolid.
CSIF no descarta hacer lo mismo con otros colectivos de los cuerpos especiales, como los de ingenieros, arquitectos o inspectores de varias materias. Asimismo, Prieto denuncia que prácticamente el 90% del personal laboral fijo discontinuo de extinción de incendios ya se encuentra en paro, una vez finalizada la campaña antiincendios, reivindicando de nuevo la necesidad de que se mantenga el contrato todo el año, ya que estos trabajadores pueden realizar durante el invierno otras tareas de prevención de incendios, mantenimiento de infraestructuras o incluso vialidad invernal, además de garantizar un servicio permanente antiincendios en los montes, en los que cada vez se alarga más la situación de riesgo de fuego, por las anomalías climatológicas que se producen, cada vez con más frecuencia.
“En CSIF creemos que el sistema de incendios debe tender a acabar siendo público, como ocurre en comunidades como Extremadura, y así se lo planteamos a la Junta en todos los foros”, apunta el responsable del sector de administración de la Junta de CSIF Castilla y León. Prieto recalca el contrasentido que se crea, cuando empleados fijos-discontinuos de los servicios anti-incendios de la Junta “vuelven a trabajar para la administración regional, en servicios como la viabilidad invernal, a través de otras empresas que los contratan”.
El número total de agentes medioambientales de Castilla y León, unos 850, se distribuyen aproximadamente así: 150 en León, 140 en Burgos, 120 en Salamanca, 90 en Soria, 75 en Segovia, 70 en Zamora, Palencia y Valladolid, y 65 en Ávila.
