El decreto aprobado en la última semana de mayo por el Consejo de Ministros para promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite está en vigor a partir de este 1 de junio.
El citado decreto responde al mandato contenido en la disposición adicional sexta de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el texto, se fijan los valores por los que se considerarán destinatarios finales de este programa de empleo que serán las personas con discapacidad intelectual de más de un 20 por ciento y de menos del 33 por ciento; y las personas sordas y con discapacidad auditiva, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento.
En cuanto a los empleadores, tendrán la posibilidad de solicitar subvenciones para introducir las adaptaciones necesarias en el puesto de trabajo y eliminar barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de las personas con capacidad intelectual límite. Además, podrán acceder a una subvención de 2.000 euros por cada contrato de trabajo indefinido celebrado a tiempo completo.
Respecto a los contratos para la formación y el aprendizaje, podrán ampliarse hasta un plazo máximo que no podrá exceder de cuatro años, recabando los informes competentes, si el trabajador no hubiese alcanzado el nivel mínimo de conocimientos requeridos para desempeñar el puesto de trabajo.
Con este Real Decreto, el Gobierno subraya que avanza en el cumplimiento de la meta 8.5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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