La asociación Defensor del Paciente ha formulado este miércoles, 8 de julio, una denuncia ante el Tribunal Supremo por la gestión de la atención prestada en las residencias de mayores durante la crisis de la Covid-19 por parte de los gobiernos de Castilla y León, España, Madrid y Cataluña.
Lo hace, según estiman, por un presunto delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, en concurso con delito de homicidio por imprudencia, y presunto delito de omisión del deber de socorro. La denuncia se dirige, concretamente, contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y las consejeras de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades, Verónica Casado e Isabel Blanco, respectivamente.
La denuncia también involucra al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; al vicepresidente segundo del Ejecutivo central y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias; contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, así como contra la presidenta de la Comunidad de María, Isabel Díez Ayuso; su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz; el director de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Calos Mur de Víu, además de contra el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra i Pla, y su consejera de Sanidad, Alba Verges i Bosch.
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