El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) atraviesa su mayor crisis institucional en años tras la decisión del patronato de destituir a tres miembros de su cúpula administrativa, entre ellos el salmantino José Ignacio Fernández Vera, quien ocupaba el puesto de adjunto a la gerencia. La medida llega tras hacerse públicas denuncias de presuntas irregularidades en la gestión económica del centro científico.
El cese de Fernández Vera forma parte de una reestructuración más amplia que afecta también a Juan Arroyo, vicedirector de asuntos económicos, y Laura Muñoz, secretaria general. El órgano de gobierno del CNIO justificó la decisión como un paso “necesario” para reorganizar la estructura administrativa y eliminar “capas intermedias que no aportan valor” mientras avanza la investigación sobre posibles irregularidades.
La crisis estalló después de que un antiguo responsable del centro presentara una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que señalaba presuntos contratos inflados, adjudicaciones irregulares y pagos por servicios no realizados. El denunciante describió el funcionamiento del entramado como una “organización mafiosa”.
Tras conocerse los despidos, el CNIO confirmó que ha remitido a la Fiscalía de Madrid un informe interno con el fin de facilitar la investigación y determinar el alcance real de las irregularidades. Mientras tanto, diversos colectivos de trabajadores han pedido transparencia y explicaciones, mostrando preocupación por el impacto reputacional en una de las instituciones científicas más prestigiosas del país.
La situación continúa abierta a la espera de avances judiciales, mientras el patronato insiste en que las medidas adoptadas buscan garantizar la estabilidad del centro y preservar su misión científica en un momento especialmente delicado.
Según informa el diario ABC este miércoles, la Fiscalía ya investiga el caso por posibles delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación.
¿Quién es José Ignacio Fernández Vera?
La figura de José Ignacio Fernández Vera no es desconocida en el ámbito de la gestión científica ni ajena a la polémica. Abogado de formación, ha ocupado cargos relevantes en instituciones públicas, entre ellos la Dirección General de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Durante su etapa al frente de este organismo, su nombre saltó a la opinión pública cuando se reveló que había cargado a la fundación casi 25.000 euros en viajes en vehículos de alta gama con chófer entre Madrid y Salamanca, con trayectos que alcanzaban los 650 euros por desplazamiento. Aquella controversia desencadenó una investigación interna y un proceso de revisión por parte de Hacienda, y terminó con su dimisión en 2017, que justificó por “motivos personales”.
Ese episodio marcó un punto de inflexión en su carrera pública y vuelve a ser recordado ahora, cuando su nombre reaparece asociado a una nueva crisis institucional. Aunque el CNIO no ha señalado responsabilidades individuales ni ha atribuido delitos a los cargos destituidos —resaltando que la investigación corresponde a la Fiscalía—, la coincidencia entre su pasado controvertido y los actuales acontecimientos ha reavivado el debate sobre la transparencia y la supervisión en organismos científicos financiados con fondos públicos.
