El número de detenidos e investigados en las carreteras de Castilla y León por delitos contra la seguridad vial se incrementó en 2019 por cuarto año consecutivo hasta los 2.072, lo que supone un 6,1 por ciento más que en el ejercicio anterior y se sitúa en los niveles de 2014, cuando se alcanzaron 2.123. Esta evolución ha sido similar a la registrada en el conjunto de España, donde el pasado año se contabilizaron 25.678 detenidos, un 8,57 por ciento más que en 2018.
Por provincias, León se volvió a situar a la cabeza con 462 investigados, que representan el 22,2 por ciento del total, por delante de Valladolid con 324 (15,6 por ciento); Burgos, con 272 (13,1 por ciento), Segovia, con 224 (10,8 por ciento) y Salamanca, con 213 (10,2 por ciento). En el lado opuesto se encuentra Soria, con 109 detenidos, seguida de Zamora (132), Palencia (160) y Ávila (176).
En comparación con el pasado año, se registraron incrementos en todas las provincias a excepción de Zamora y Salamanca. En la provincia zamorana la caída fue del 11,41 por ciento, mientras que en Salamanca fue del 2,7 por ciento. Por el contrario, las subidas la encabezó Soria, con un incremento del 15,9 por ciento, por delante de León (14,9 por ciento), Burgos (10,5 por ciento), Ávila (7,9 por ciento), Valladolid (5,8 por ciento), Segovia (3,7 por ciento) y Palencia (1,91 por ciento).
A pesar de las campañas de concienciación y del incremento de los controles por parte de la Guardia Civil, los positivos por alcohol y drogas continúan siendo la primera causa de los delitos y el pasado año dejaron 1.019 detenidos -51 más que en 2018-, que suponen el 49,1 por ciento del total.
La segunda causa, al igual que en los últimos ejercicios, fue la de conducir sin haber logrado el permiso o bien por hacerlo habiendo agotado todos los puntos del carnet. En este caso se contabilizaron 744 imputaciones, 91 más, que representan casi el 36 por ciento. Por su parte, el exceso de velocidad sólo supone el 0,7 por ciento de los casos de las detenciones. El pasado año se contabilizaron 17, dos más que en 2018.
De todas formas, los 2.072 detenidos e investigados el pasado año están muy lejos de los niveles de 2012, cuando fueron 2.872 las personas investigadas por delitos contra la seguridad vial, lo que supone un descenso del 27,8 por ciento (-920). Entonces, en el conjunto de España fueron 33.217 (22,7 por ciento).
Para la directora de la asociación Stop Accidentes en Castilla y León, Gloria García, este incremento del número de detenidos en las carreteras de Castilla y León es suficiente justificación para los cambios en la Ley sobre Tráfico que ha aprobado el Gobierno y que entrarán en vigor el próximo mes de enero, “ya que lamentablemente muchos conductores que no respetan las normas solo responden a las represalias”.
En este sentido, Gloria García considera un acierto el endurecimiento de las sanciones que contempla la DGT. Así, se eleva de tres a seis los puntos que se restarán por el uso del móvil al volante, o de tres a cuatro los que se detraen por no utilizar el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil, el casco y otros elementos de protección. Además, se incorpora explícitamente como causa de sanción el mal uso de estos elementos, porque las consecuencias negativas para la seguridad del conductor son las mismas. Además, la reforma suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 kilómetros los límites de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos.
Por su parte, el director de Automovilistas Asociados Europeos, Mario Arnaldo, considera preocupante el incremento de imputados por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, ya que "demuestra que las medidas preventivas no están logrando los efectos deseados", pero puntualizó que en el caso de los conductores detenidos por conducir habiendo agotado todos los puntos del carné, es necesario que la DGT establezca un mecanismo de notiificación adecuado. Así, indico que "muchos conductores agotan el saldo si saberlo por la falta de comunicación de la DGT y solo se enteran cuando son sorprendidos en un control de la Guardia Civil. No tiene sentido que se impartan más cursos de recuperación total de puntos que de recuperación parcial", aseveró.
