Bermúdez de Castro defendía que no existen “razones de equidad, justicia o conveniencia pública exigibles para indultar a quienes cometan los delitos más graves contra el orden público, contra nuestra constitución y contra todos los españoles”. Y que “no se pueden motivar esas razones frente a quienes no muestran ningún signo de arrepentimiento sino al contrario, se sienten orgullos de sus actos”. La moción presentada pide respecto para los tribunales de justicia, preservando su independencia, acatando sus resoluciones y garantizando que se cumplan sus sentencias.
El diputado subrayó que “quién desafía la ley en democracia no es víctima sino único responsable de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la ley” ya que “la ley en democracia es siempre un instrumento de igualdad y libertad”.
“Nuestra democracia es una de las más garantistas del mundo” afirmó Bermúdez de Castro “por eso no se puede hablar de presos políticos”, “aquí no se ha juzgado a nadie ni por sus ideas ni por ejercer sus derechos, sino por acciones presuntamente delictivas y por querer romper la unidad de España”.
Los secesionistas, finalizó, “no están lanzando solo un desafía a nuestra unidad e integridad territorial, sino que están echando un pulso a la ley y al pilar de toda democracia; por eso la ley y la justicia tienen que ganar y las penas tienen que cumplirse”
Por su parte la diputada María Jesús Moro intervino en el pleno para hablar de los plazos de instrucción judicial y defender la postura del Partido Popular ante la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Moro afirmó que el Partido Popular no se opone a mejorar la redacción del artículo 324 para clarificar y unificar su aplicación por eso el grupo no se opuso a la toma en consideración de la iniciativa “pero nos negamos a que desaparezca dicho artículo y, con él, la fijación de plazos”.
Según la parlamentaria la eliminación de cualquier plazo para la instrucción, que supondría la derogación de este precepto “nos conduciría a una grave inseguridad jurídica”.
Moro defendió que en la enmienda que el grupo popular presentó en la XII legislatura ya se proponía la mejora del precepto en el sentido que defiende la Fiscalía General del Estado y que si los grupos ahora hubieran tenido verdadera voluntad política, tendríamos que partir de esa propuesta que permite conciliar un proceso ágil y seguridad jurídica.
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