El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto Ley que establece un nuevo mecanismo de financiación del bono social, así como diversas medidas de protección para los consumidores vulnerables. Ahora el Gobierno está trabajando en un reglamento, consensuado con los grupos parlamentarios, en el que se desarrollarán las categorías de consumidores vulnerables a los que se podrán aplicar diferentes niveles de descuento, se establecerá la prohibición de interrumpir del suministro a los consumidores vulnerables más severos y se establecerán medidas para una mayor protección y transparencia en la contratación.
Las compañías eléctricas deberán esperar cuatro meses, en lugar de dos como ahora, para cortar el suministro eléctrico a todos los hogares beneficiarios del bono social, según ha informado en el Congreso de los Diputados el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.
El bono social supone actualmente un descuento del 25% en la factura final de electricidad y pueden acogerse a él los consumidores más vulnerables. Con este real decreto ley se garantiza la financiación del bono social y se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que consideraba discriminatoria la financiación anterior, por parte de las compañías eléctricas verticalmente integradas. Para dar cumplimiento a la sentencia se extiende ahora la obligación de financiación a todas las compañías que realicen la actividad de comercialización de electricidad.
Críticas de Facua
Facua-Consumidores en Acción advierte de que el real decreto-ley pactado por PP, PSOE y Ciudadanos no aporta ninguna medida que frene la pobreza energética. Se trata, denuncia la asociación, de “una norma carente de compromisos que pospone a un futuro desarrollo reglamentario la redefinición del fallido bono social y los requisitos que deberán reunir los usuarios beneficiarios del mismo”.
“Ni siquiera la brutal subida de la luz este enero ha provocado cambios en el plan del Gobierno”, critica Facua, que también considera de una grave irresponsabilidad que se posponga a la primavera la prohibición de los cortes de luz a familias sin recursos.
La asociación denuncia la opacidad con la que el Gobierno y el principal partido de la oposición vienen negociando las medidas y advierte de que no hay ninguna garantía de que el real decreto-ley siente las bases para el principio del fin de la pobreza energética.
“El real decreto-ley simplemente plantea que a partir de ahora sean todas las comercializadoras eléctricas las que financien el bono social. Y es que la norma sólo responde a la imposición planteada por la reciente sentencia del Supremo de modificar su sistema de financiación”, critica Facua, que denuncia la negativa del Gobierno a dialogar sobre las características y destinatarios de esta tarifa con las organizaciones de la sociedad civil.
Así, considera que el bono social “representa un ridículo descuento ridículo del 25% en las facturas de un reducidísimo porcentaje de usuarios, señala la asociación, que muestra su preocupación ante la posibilidad de que el futuro bono social continúe sin representar una tarifa verdaderamente asequible orientada a las familias con pocos recursos económicos”.
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