Enfermeras y fisioterapeutas de Salamanca se movilizan este jueves contra 15 años de "pagas extra mutiladas"

Enfermeras y fisioterapeutas de Salamanca saldrán a la calle el próximo jueves, 26 de junio, para exigir al Gobierno el fin de una década y media de recortes en sus pagas extraordinarias. Coincidiendo con el cobro de la paga extra de junio, que nuevamente llega con una merma significativa, los profesionales sanitarios se concentrarán en el hospital de Salamanca para expresar su indignación.

Los afectados denuncian una pérdida acumulada que se acerca a los 11.000 euros por profesional desde el año 2010, y acusan a los sucesivos presidentes de Gobierno —José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez— de no haber revertido una medida que consideran injusta. Cada paga extra recortada representa una merma de, al menos, 321 euros (en el caso de un trienio trabajado), cifra que asciende a más de 366 euros para quienes acumulan 15 años de servicio.

Bajo el lema “de nuestra extra, que no se coman ni un euro”, el objetivo de esta movilización es reforzar la presión sobre el Ejecutivo para que la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado incluya la recuperación íntegra del importe de las pagas extraordinarias.

Los profesionales sanitarios recuerdan que el recorte se inició en junio de 2010 como una medida "extraordinaria" para afrontar la crisis económica, con el compromiso de revertirlo cuando la economía del país se recuperase. Sin embargo, "han pasado 15 años y ninguno de los ejecutivos posteriores ha hecho absolutamente nada por revertirlo", lamentan.

Además de la pérdida económica que reduce su poder adquisitivo en aproximadamente un 20%, los convocantes subrayan que este recorte vulnera normativas como el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el Estatuto Básico del Empleado Público, que establecen la igualdad del sueldo base y trienios en las pagas extras respecto a una mensualidad.

La concentración busca también denunciar la "falta de voluntad política" para solucionar este problema, máxime en un contexto marcado por "nuevos casos de corrupción, despilfarro y mala gestión de los fondos públicos". Los profesionales se sienten "mal reconocidos salarialmente" y denuncian que, mientras se exigen esfuerzos adicionales y se trabajan con "medios insuficientes", sus derechos retributivos continúan siendo "mutilados".