Facua-Consumidores en Acción ha mostrado su absoluta oposición a la pretensión del partido Popular de prohibir el anonimato en las redes sociales ya que la medida representaría una “mordaza para la libertad de expresión y la libertad ideológica”. La asociación insta a todos los partidos de la oposición para que rechacen la medida anunciada por el PP la pasada semana.
"No hay demanda social ni necesidad jurídica para aprobar esta aberración. Y no nos creemos que el objetivo sea acabar con amenazas y difamaciones", ha advertido el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. "El partido de la Ley Mordaza, el partido que ha utilizado desde el Gobierno a una policía política y a seudoperiodistas para propagar bulos difamatorios contra sus rivales políticos, se dispone ahora a atemorizar a los usuarios para que no ejerzan su derecho a expresar sus opiniones libremente desde el anonimato en las redes sociales", ha indicado.
Facua considera que la propuesta del PP representa un gravísimo ataque a Derechos Fundamentales como la libertad de expresión y la libertad ideológica, los cuales deben estar garantizados y protegidos independientemente del canal por el que se expresen, como la ONU ha declarado reiteradamente y de forma específica sobre el derecho al anonimato en internet.
"La existencia de personas que se amparan en el anonimato en internet para amenazar, insultar, calumniar y propagar el odio en las redes es un mal menor que hay que asumir en una sociedad democrática que promueve derechos fundamentales como la libertad de opinión y expresión y que puede ser combatido con otras vías legales sin necesidad de una reforma legislativa tan dura como la que pretende el PP", ha señalado Sánchez.
Facua recuerda que lleva años siendo objeto de campañas de difamación difundidas desde cuentas anónimas en Twitter y Facebook. "Frente a los insultos y calumnias, nunca pedimos una norma que acabase con el anonimato en las redes", ha recalcado el portavoz de la asociación. "Investigamos y destapamos quiénes estaban detrás de algunas de esas cuentas, pero asumimos que la identidad de muchos de los difamadores nunca sería descubierta", ha indicado Sánchez. "Es el precio que tenemos que pagar para garantizar una sociedad donde prevalezca la libertad de expresión", ha subrayado.
En opinión de Facua, es el Poder Judicial el que debe asumir la investigación de amenazas, insultos y calumnias vertidos en las redes sociales desde cuentas anónimas. Para ello, es necesario que jueces y fiscales reciban formación en el funcionamiento de las tecnologías de la información y que se establezcan protocolos de colaboración con ellos que sean asumidos por las empresas propietarias de las redes sociales, pero nunca una legislación que obligue a los usuarios a facilitar su identidad cuando dan de alta una cuenta.
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