La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha hecho pública este viernes, en el Boletín Oficial de la Comunidad, la nueva orden mediante la cual se establece el procedimiento para reconocer y calificar el grado de discapacidad. Una norma que, si bien su propósito inicial es ajustarse a lo establecido en el Real Decreto estatal, introduce una serie de novedades para mejorar la calidad y la agilidad del proceso y facilita el papel que han de jugar los ciudadanos inmersos en el procedimiento.
Uno de los grandes avances que introduce la Junta de Castilla y León es la apuesta decidida por la eliminación de duplicidades innecesarias. Esto sucede cuando una persona en pleno reconocimiento de una discapacidad ya ha pasado previamente por un procedimiento de valoración de su grado de dependencia. En el caso de que existieran informes relativos a este último proceso, serán válidos y podrán incorporarse al expediente sobre discapacidad para evitar multiplicar el trabajo y demorar la tramitación.
Ello entronca directamente con otra de las aportaciones que realiza la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en esta orden: un pilar esencial en el procedimiento de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad es el diagnóstico clínico. Es decir, los informes emitidos por los profesionales médicos en los que se reflejan las dolencias o patologías que puedan sufrir esos ciudadanos. Sin embargo, la inexistencia, hasta la fecha, de un modelo de informe sanitario normalizado dificultaba el trabajo de los profesionales de los Servicios Sociales, ya que la interpretación de dicho diagnóstico clínico no es tarea sencilla.
En este sentido, las consejerías de Familia y Sanidad han venido trabajando codo con codo hasta lograr un modelo de informe de salud normalizado y único, para evitar así la presentación de múltiples informes por parte del ciudadano y que, además, permita a los valoradores de los equipos multiprofesionales de los Servicios Sociales autonómicos fundamentar adecuadamente la valoración de la discapacidad.
Otra gran novedad es el impulso de la historia social única en este procedimiento. Es decir, los citados valoradores de los equipos multiprofesionales de los Servicios Sociales podrán acceder, también durante el proceso de reconocimiento y valoración del grado de discapacidad, a toda la información previa existente del usuario en cuestión.
De cara a los propios interesados, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de esta orden, da el espaldarazo definitivo a los medios telemáticos en lo que respecta a este procedimiento, ya que podrá realizarse una valoración por informes a disposición de los profesionales en el sistema informático para así evitar desplazamientos de personas que, en muchas ocasiones, tienen movilidad reducida.
Cabe recordar que, el pasado año, entró en vigor otra orden mediante la cual se adaptaban las Unidades de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad dependientes de las gerencias territoriales de Servicios Sociales a la normativa estatal. En ese caso, la Junta apostó por un modelo organizativo basado en la polivalencia del personal, al tener que contar con profesionales formados tanto en el área sanitaria como en el social
