La Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) ha advertido de que el 70% de las familias monoparentales, las que tienen un solo hijo, quedan "fuera" del anteproyecto de ley de familias aprobado este martes por el Consejo de Ministros.
"Una ley de familias es necesaria porque es necesario reconocer toda la diversidad de las familias que existen en España, pero a nosotras nos parece que no estamos lo suficientemente recogidas, porque deja excluidas al 70% de las familias monoparentales, con un hijo a cargo. Se quedan fuera de la cobertura", ha explicado a Europa Press la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, Carmen Flores.
Así, aunque ve positivo que se equipare a las monoparentales con dos o más hijos a las numerosas, recuerda que esto en realidad "corrige una discriminación que viene sucediendo desde 2008", cuando se equiparó a las viudas con uno o más hijos a las numerosas.
"Esto está bien que se corrija pero no nos parece bien que se deje de proteger al 70% de las monoparentales cuando los datos del INE nos dicen que un 54% de familias monoparentales están en riesgo de pobreza", ha subrayado Flores.
Asimismo, desde la Federación de Asociaciones de Madres Solteras piden que los nuevos permisos para conciliar incluidos en la ley se dupliquen para las familias monoparentales ya que, si no, sus hijos "no van a tener el mismo tiempo de cuidado" que otros niños que tengan dos progenitores. Además, advierten de que aumenta el riesgo de que las madres solteras pierdan su empleo con más facilidad ya que no se pueden turnar para cuidar de los hijos ni contratar a una persona.
En cuanto a la prestación de 100 euros al mes para ayuda a la crianza, consideran que es una medida "positiva" aunque "insuficiente" en comparación con otros países donde tienen "mayores beneficios". No obstante, celebran que se "empieza a cambiar un poco la mirada y a proteger a la infancia".
Por su parte, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha valorado "positivamente" el apoyo en conciliación que recoge la ley de familias pero echa en falta una "mayor protección a los hogares con más hijos".
Para estos hogares, la FEFN había pedido "un reconocimiento de derechos proporcional al número de hijos", por ejemplo, en la duración de los permisos laborales, que, según esta entidad, deberían ser mayores cuando hay más menores a cargo.
A la espera de conocer el detalle de la ley, la FEFN avanza que seguirá trabajando con los grupos políticos para reclamar "un apoyo justo" para las familias numerosas "que reconozca y compense su aportación a la sociedad".
Ampliar la ayuda de 100 euros hasta los 18 años
Por su parte, la ONG de infancia UNICEF considera que la aprobación del anteproyecto es una "buena noticia para la infancia" aunque cree que tiene "margen" de mejora, por ejemplo, en cuanto a la ayuda de 100 euros a la crianza, que la ONG pide que alcance a todas las familias con menores a cargo de 0 a 18 años.
"Consideramos que se trata de una norma necesaria en muchos aspectos, que permitirá avanzar en el bienestar de las familias y en los derechos de los niños y niñas. Por ello, creemos que debería suscitar un consenso amplio e indispensable, ya que esto es una responsabilidad de todos y todas", ha manifestado la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia, Carmen Molina.
En concreto, entre los avances, Molina ha destacado "el reconocimiento y la protección legal a las cada vez más diversas situaciones familiares" o la apuesta por la conciliación, y considera "un paso adelante" la deducción fiscal de 0 a 3 años. No obstante, cree que "esta ley suponía una oportunidad para incorporar una prestación universal por hijo de 100 euros mensuales hasta la mayoría de edad", algo que la organización lleva demandando mucho tiempo.
Por tanto, UNICEF señala que aún "queda mucho por hacer para que España se equipare a la gran mayoría de países del entorno", que sí cuentan con prestaciones universales de 0 a 18 años. También considera que "hay margen para responder al gran reto de la pobreza infantil, que afecta a uno de cada tres niños" en España, y "al desafío demográfico, ya que España es el segundo país de la UE con menos nacimientos por mujer".
Contar con la opinión de las familias
Por otro lado, la fundación The Family Watch ha lamentado que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no les haya "consultado previamente" para elaborar el texto legislativo.
"Las medidas que hemos conocido primero a través de los medios y posteriormente en rueda de prensa, exigen profundizar en cuestiones que consideramos deberían haber sido consultadas previamente; teniendo en cuenta la opinión de las entidades que trabajan directamente con las familias y que, por tanto, conocen las necesidades, intereses y preocupaciones de estas", ha valorado la directora de The Family Watch, María José Olesti, en declaraciones a Europa Press.
A su juicio, cualquier "ley o cualquier medida, y más una como esta que lleva el nombre de familia" debe realizarse con "perspectiva de familia". Además, pide que la ley incluya "un informe de impacto familiar que permita evaluar si va a tener un impacto negativo o positivo en el conjunto de las familias y si va a servir para mejorar el bienestar de las mismas".
Permiso de ocho semanas remunerado
Mientras, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) han reclamado al Gobierno "diálogo social" para abordar la Ley de Familias y, en concreto, piden que se remuneren todos los permisos laborales contemplados en la misma.
Así, aunque los sindicatos consideran que el anteproyecto recoge "algunos avances positivos", advierten de que "no se estaría transponiendo correctamente" lo dispuesto en la Directiva Europea del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, especialmente, en lo que se refiere al permiso parental de ocho semanas hasta que el menor cumpla ocho años y que no conlleva remuneración ni prestación alguna.
Según precisan CCOO y UGT, esta Directiva insta a los Estados miembros a garantizar este permiso como un derecho individual a disfrutar antes de que la hija o el hijo cumpla los 8 años. Este permiso no puede ser inferior a 4 meses por cada uno de los progenitores y además determina que deberá de tener en cuenta a los interlocutores sociales para su regulación y deberá de ir acompañado de una remuneración o prestación económica.
"Estamos ante una suspensión del contrato de trabajo sin ningún tipo de derechos. Es decir, no solo carece de acompañamiento económico, sino que, además, no se asegura el mantenimiento de alta y cotización en la Seguridad Social ni ningún tipo de derechos lo que, en la práctica, inhabilita el permiso", alertan.
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